Se prorrogó por otro año la emergencia hidrocarburífera

El Poder Ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados de Santa Cruz el decreto mediante el cual solicita extender la emergencia hidrocarburífera en todo el territorio provincial. Según se indicó en el documento remitido al Poder Legislativo, se trata del “Decreto N° 0064/26, mediante el cual se prorroga ad-referéndum de la Cámara de Diputados de la provincia la Emergencia Hidrocarburifera en todo el ámbito del territorio provincial, declarada oportunamente por Ley Nº 3.914“.

El decreto enviado a la Legislatura consta de un solo artículo, en el que se establece: “Ratifícase en todos sus términos el Decreto N° 0064/26, mediante el cual se prorroga ad-referéndum de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, la Emergencia Hidrocarburífera en todo el ámbito del territorio continental de la provincia de Santa Cruz, declarada oportunamente por Ley N° 3.914, la que como Anexo I forma parte integrante de la presente”.

Qué pasó en 2025

La declaración de emergencia hidrocarburífera ya había sido debatida durante 2025 en la Legislatura provincial. En febrero de ese año, el bloque “Por Santa Cruz” solicitó un cuarto intermedio con el objetivo de unificar el proyecto presentado por el Gobierno provincial con una propuesta impulsada por la oposición.

La estrategia apuntaba a lograr un mayor consenso en torno a la declaración de emergencia, que se extendería hasta diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga. “Al efecto de poder unificar una idea del proyecto que se va a tratar, me parece importante solicitar un cuarto intermedio para poder hablar con cada uno de los presidentes de los bloques, ya que estamos a la espera de una respuesta positiva ante esta gran problemática que tiene la provincia de santa Cruz”, expresó el entonces presidente del bloque, Fernando Españón.

El pedido fue aprobado por los 22 diputados presentes en el recinto.

La medida contemplaba la totalidad de las concesiones hidrocarburíferas que YPF SA posee en la provincia y autorizaba al Poder Ejecutivo provincial, a la Administración Central, entes autárquicos y empresas estatales a tomar decisiones administrativas y legales necesarias para mitigar el impacto de la retirada de la petrolera.