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Los taxistas de Río Gallegos siguen en su plan de lucha de cara al paro del lunes próximo, y para renovar los aires definieron una nueva comisión directiva en la Asociación de Concesionarios de Taxis, la nueva presidenta es Patricia Wigand.
En este escenario, explicaron que “Uber no pudo llegar a El Calafate debido a la Ley de Tránsito N° 2.417″, “se estableció que el transporte de pasajeros no concesionado por el Estado provincial y publicitado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas, no será para funcionar en el territorio de la provincia de Santa Cruz, hasta tanto exista regulación específica”.
La entidad, precisó que “ese municipio recordó que sólo los remises pueden brindar el servicio de transporte urbano en la localidad”, mientras que “la ordenanza municipal regula el transporte de personas y pasajeros sin contemplar la implementación de Uber”. Asimismo, marcaron que “las multas para quienes brinden el servicio de transportes sin habilitación municipal son equivalentes al valor de 17.000 litros de Nafta Infinia“. En esta línea, recordaron además que “el Concejo Deliberante de esa ciudad aprobó una ordenanza que regula el uso de aplicaciones digitales para solicitar el servicio de transporte, pero sólo para vehículos habilitados”.
En otro orden, los trabajadores del volante agregaron que “señalar que Uber es legal en Argentina es erróneo“. Observaron que “esa afirmación obedece a que la Corte Suprema de Justicia rechazó una denuncia penal contra los responsables de la aplicación y sus conductores por asociación ilícita por parte del Sindicato de Peones de Taxis de Buenos Aires, pero no implica que la empresa esté legalizada”.

Los “tacheros” dieron cuenta que “este caso que tramitaba en la Justicia Nacional estaba mal formulado, pero la empresa todavía tiene dos causas en curso en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en una de ellas se dictó una condena penal para uno de sus directivos, a la vez que Uber fue declarado ilegal, por un magistrado que manifestó que es una actividad insegura ya que la irregularidad con la que presta sus servicios impide satisfacer las normas locales regulatorias del servicio público de transporte de pasajeros“.
Más adelante, los taxistas precisaron que “el paro no le afecta a nadie más que a nosotros, pero habiendo paro podemos garantizar movilización masiva y eso sí afecta al municipio”.
Entrevistado por La Opinión Austral, el jefe de Gabinete, Diego Robles, indicó a La Opinión Austral que recibieron el petitorio de parte de los trabajadores del sector y señaló que “es ilógico, cualquier medida de acción directa debería ser la última opción después que se agote el diálogo y este no es el caso”. “Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para todos los sectores y vecinos“, por lo que “una medida que interrumpe la normal circulación del tránsito produce efectos no deseados en los vecinos y que se plantee una especie de bloqueo y amenazas, entendemos que no es la manera en la que debe construirse comunidad o consenso, más allá que el reclamo de algún sector pueda ser más o menos legítimo, pero de ninguna manera puede afectar a todo el conjunto”.
“Un paro o medida de fuerza no resuelve nada; el peso que tienen las cuestiones que el Municipio les cobra efectivamente a los taxistas o remiseros no les cambia la ecuación económica como para cambiar diametralmente la caída del volumen del trabajo del 70% que dicen tener”, cerró.
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