Verbes: “Los autoaumentos del tribunal significan $40.000 millones anuales que se le quitan a la salud, la educación y las rutas”

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, salió con firmeza a cuestionar la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de consolidar aumentos salariales automáticos para jueces y magistrados. El funcionario indicó que la medida es absolutamente incongruente con la compleja situación económica que atraviesa la provincia.

Verbes señaló que, mientras el Gobierno provincial realiza un “esfuerzo inconmensurable” para pagar los salarios estatales en tiempo y forma, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria, el máximo órgano judicial avanza con incrementos que superan ampliamente las pautas inflacionarias previstas.

“El Estado hace un enorme sacrificio para cumplir con los trabajadores, pero el Tribunal decide avanzar con aumentos muy por encima de la realidad económica”, expresó el ministro.

El titular de la cartera laboral recordó que las paritarias en Santa Cruz son producto de extensos procesos de discusión, con idas y vueltas y responsabilidad fiscal. En ese marco, explicó que durante el presente año todavía no se han fijado fechas de convocatoria salarial para el conjunto del sector público debido a la falta de recursos y a la incertidumbre sobre los ingresos provinciales.

“Esa es la realidad de miles de trabajadores y trabajadoras del Estado. Sin embargo, en este mismo contexto, los jueces deciden autoasignarse incrementos salariales mediante mecanismos automáticos, sin discusión ni consenso”, remarcó.

Un costo de $40.000 millones anuales

Por otra parte, Verbes advirtió que la decisión del Tribunal implica un impacto cercano a los $40.000 millones anuales, fondos que salen del mismo presupuesto que financia áreas esenciales como salud pública, educación y mantenimiento de rutas.

“No se trata de una cifra abstracta. Cada peso destinado a estos privilegios es un peso menos para políticas públicas esenciales”, subrayó el funcionario.

El ministro consideró que la conducta del Superior Tribunal de Justicia demuestra un “profundo desapego de la realidad cotidiana de los santacruceños, basada en el esfuerzo y el sacrificio” para atravesar la crisis económica.

“Estamos hablando de salarios de absoluto privilegio, sostenidos por un sistema de indexación sin criterio lógico ni razonable, que garantiza aumentos completamente disociados de la realidad social”, sostuvo Verbes, al tiempo que denunció un clima de “obscena ostentación” dentro de un sector del Poder Judicial.

El aumento que desató la polémica

La polémica se desató luego de que se conociera la resolución firmada por cuatro vocales del TSJ —Reneé Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta— que dispuso un aumento del 4% mensual desde enero hasta julio de 2026 y otro 3% mensual entre agosto y octubre, acumulando cerca de un 40% de incremento salarial en diez meses.

Según la resolución, el sueldo básico de los vocales pasaría de $1.574.940 a $2.177.588, sin contar otros ítems como antigüedad, lo que eleva los ingresos a cifras millonarias.

Este miércoles, el presidente del TSJ, Daniel Mariani, ordenó no liquidar los aumentos otorgados por el resto de los vocales y declaró la nulidad de la medida, al considerar que fue dictada sin competencia y sin las mayorías exigidas por la ley.

La decisión profundizó la crisis interna del Tribunal y el enfrentamiento entre Mariani y los demás integrantes, encabezados por Reneé Fernández, en medio de una fuerte disputa por la presidencia del cuerpo y su conformación institucional.

Mariani sostuvo que la resolución salarial estaba “viciada en sus elementos esenciales” y ordenó de manera expresa a la Administración General del Poder Judicial abstenerse de liquidar los incrementos.

Cabe recordar que el conflicto se da en un contexto de fuerte tensión institucional, luego de que el Tribunal declarara inconstitucional la ley impulsada por el Gobierno de Claudio Vidal que ampliaba de cinco a nueve la cantidad de vocales. Los nuevos miembros designados aún no pudieron asumir y perciben el 50% de sus haberes.