Maricel Sánchez atraviesa un calvario desde el pasado viernes 14 de junio, cuando su pareja sufrió un grave accidente de tránsito en la ruta 7 entre Trelew y Rawson. A la angustia por el estado de salud de su pareja, se sumó el dolor de ser separada de su hija lactante de tan solo dos años por una medida precautoria dictada por la justicia.
La pesadilla de la mujer oriunda de Puerto Madryn comenzó cuando su pareja, con quien no está casada, fue internado en terapia intensiva tras el accidente. En medio de la zozobra, la madre de su pareja comenzó a enviarle mensajes responsabilizándola del hecho, lo que generó un clima de tensión y angustia.
La familia del hombre decidió denunciar a Maricel por presuntas amenazas y maltrato hacia la niña, basándose en “algunos mensajes de texto que fueron enviados a mi pareja durante momentos de colapso emocional por depresión postparto“, según relata Sánchez.
Separación abrupta y lactancia interrumpida
Ante la denuncia, la justicia dictó una medida precautoria de siete días y separó a Maricel de su hija lactante. La medida generó un profundo dolor en la madre, quien asegura que “debe primar el interés superior de mi hija. Cada día de separación es un daño irreparable para ella, especialmente siendo lactante“.
Maricel, desesperada por reunirse con su hija, afirma que la pequeña “ahora está en la casa de una amiga y pide constantemente por mí, me necesita”. Además, aseguró que la medida precautoria la ha privado de la posibilidad de amamantar a su hija, interrumpiendo bruscamente el proceso de lactancia.
Un llamado a la justicia
Maricel clama por una pronta resolución del caso y pide a la justicia que reevalúe la medida precautoria, considerando el bienestar de su hija y el derecho a la lactancia materna. “Me entrevistaron del Servicio, todo fue muy favorable, pero la Jueza todavía no resuelve nada. Eso recién podría ser el lunes, luego del fin de semana largo y es mucho tiempo para mí hija“, lamenta la madre.
El Juzgado N° 3 de Puerto Madryn, Dra. Delma Viani, está a cargo de la causa. La magistrada ha sido denunciada por prácticas polémicas y medidas arbitrarias, como obligar a la fuerza policial a la ejecución de regímenes de visitas y a la entrega de niños en guarda, cuando por protocolo se requiere un equipo interdisciplinario con profesionales especializados en niñez y familia.
Por estos motivos, la magistrada ostenta un récord de denuncias en el Consejo de la Magistratura.
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