Modificación de la ley de discapacidad: “Pretendemos que nuestros diputados y senadores nacionales no le den tratamiento”

Días atrás, el Gobierno nacional envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación que modifica la Ley de Discapacidad.

Diego De la Mata, representante de Santa Cruz en el Consejo Federal de Discapacidad, repasó en diálogo con Radio LU12 AM680: “La ley de emergencia en discapacidad fue una lucha que se levantó dentro del colectivo de discapacidad en 2024, se sancionó cinco veces, cinco veces se puso en el tapete la Ley de Emergencia”.

“Hace poquitos días, cuando el Comité Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, la antigua ANDIS, estaba sesionando, nos presentaron este hermoso proyecto que termina de romper todo lo que se había hecho en la Ley de Emergencia. Por sexta vez vamos a volver a hablar de leyes, de encuadres, de convención, de pertenencia a derechos”, expuso.

“Ese es un poco el resumen de cómo trabaja esta usina de romper el Estado desde adentro. Él lo dijo claramente, nunca lo escondió, venía a romper el Estado desde adentro”, recordó sobre el discurso del presidente.

De la Mata explicó: “Estamos dentro de un marco normativo que es la Ley Nacional N° 24.901, el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, allí se genera un listado de prestaciones, la terapia, la rehabilitación que recibe cualquier persona, inclusive tu abuelo, que está dentro de un hogar, está dentro del nomenclador, porque eso está especificado en un nomenclador nacional”.

“Venía arrastrando un retraso, pero este Gobierno dejó de hacer la actualización de ese listado de prestaciones allá por enero de 2024. Lógicamente, se rompió todo el sistema inflacionario, ya venía en picada y con Milei se aceleró”, señaló y ejemplificó que un prestador del nomenclador nacional, “un psicólogo, está cobrando más o menos 40-45 mil pesos, el nomenclador hoy está pagando entre 8 y 9 mil pesos la prestación“.

Nuevo proyecto

El proyecto de ley impone requisitos adicionales, elimina el nomenclador, desregula la negociación por sistema de salud y suprime la actualización automática por inflación de los prestadores de salud.

“La nueva ley es contra el fraude, es decir, somos todos fraudulentos, hay 5 millones de fraudulentos en la Argentina, que el número más o menos de los discapacitados”, señaló.

“Tenemos que demostrar si la pensión que se nos otorgó hace dos, tres años atrás por una amputación, porque tuvimos lo que fuere, tenemos que demostrar fehacientemente ante una auditoría. Llegamos a esa perversidad de nuevo”, acusó.

“Quieren achicar el nivel de pensiones, que es de alrededor de 1.270.000 a 1.280.000, que hay en la Argentina, a un 30-35%“, consignó y añadió que “que quieren volcar esa plata para la actualización del nomenclador, que es por IPC, Índice Precio al Consumidor, que va variando todos los meses. Obligan a todas las autoridades de las obras sociales a estar alerta todos los meses a ver qué aumento tenemos, cuando eso anteriormente se hacía cada tres meses. Es deslegitimar un derecho de la persona, en este caso con discapacidad, a tener una cobertura social“.

Finalizando, dio a conocer que el sábado pasado tuvieron una reunión. “Estamos trabajando en función de la Ley de Emergencia que está en vigencia. Pretendemos que nuestros diputados y senadores nacionales no le den tratamiento al proyecto. Tiran a la provincia, en este caso Santa Cruz, Incluir Salud, si bien no son muchos, pero es un número, la prestación del nomenclador nacional desaparece y se arma un nomenclador provincial con el desaguisado que esto trae”.