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Al igual que en distintos puntos del país, y sin importar las temperaturas bajo cero, este mediodía se llevó a cabo en Río Gallegos una manifestación en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Familiares de personas con discapacidad, funcionarios e integrantes de agrupaciones como Appadi y Fundación TEA Santa Cruz se concentraron en la Plaza San Martín bajo la consigna “¡No a la vulneración de derechos!”.
Cabe recordar que el lunes se conoció, a través del Boletín Oficial, que el Poder Ejecutivo vetó la iniciativa que ya había sido aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. La medida también se aplicó a otras normas, como las que establecían incrementos en las jubilaciones.
El Congreso había planteado que la emergencia nacional en discapacidad se extendiera hasta 2026. El proyecto proponía la creación de una pensión no contributiva compatible con el trabajo formal, junto con actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. Desde la Casa Rosada estimaron que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, “sin tener en cuenta el efecto del aumento de beneficiarios en el ´Programa Incluir Salud´”.
La Opinión Austral estuvo presente en la movilización de este martes en la capital santacruceña, que incluyó carteles, mensajes de concientización y el pedido de un debate amplio que considere las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad. En ese marco, este medio conversó con Silvina Lamas, presidenta de la Fundación TEA, quien destacó: “Más allá de cómo (el veto) nos puede afectar de manera individual, esta es una lucha colectiva que quizás puede estar afectando a otras ONG más que a nosotros”.
En esa línea, señaló que “nosotros trabajamos muy poco de nuestros servicios con obra social, precisamente por la realidad que se vive. Sabemos que es insostenible y no tenés capacidades de endeudamiento. Hay muchas familias que están adquiriendo deudas muy grandes para poder acceder a terapias y tratar de mejorar la calidad de vida de sus hijos”.
A propósito, Lamas advirtió que se trata de una problemática que atraviesa “todo el colectivo de discapacidad, que está pasando por un montón de situaciones en todos los aspectos en la vida de una persona: salud, educación, justicia, calidad de vida, vida digna”, por lo que exigió el cumplimiento de la legislación y la garantía plena de derechos.
“No es un capricho, es una realidad que no puede ser ignorada”
“Esta declaración que pedimos de ley de declaración de emergencia no es un capricho, es tomar cuenta y acción de una realidad actual que no puede seguir siendo ignorada. Que es necesario el acompañamiento del Estado (…) por eso tuvimos esta jornada de convocatoria, donde participamos varias de las asociaciones de Río Gallegos, pero que tuvo eco a nivel nacional. Más de 20 provincias se van a movilizar en el día de hoy”, remarcó.
Durante el próximo izamiento dominical se realizará una nueva concentración para seguir defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Al respecto, Lamas expresó: “El colectivo de discapacidad atraviesa una realidad muy particular y entendemos que algunas familias, por los desafíos de su familiar con discapacidad, no hayan podido acercarse este martes. Los esperamos el domingo en el izamiento. Vamos a estar haciéndonos oír”.
Por su parte, en diálogo con LOA, el diputado provincial Eloy Echazú rechazó enérgicamente estas medidas del Gobierno nacional: “Estoy acompañando a las organizaciones, que muchas de ellas las conozco hace años, conozco el trabajo que realizan, que realizaron y siempre desde esa soledad…Es nefasto lo que está haciendo el Gobierno nacional en vetar una ley de discapacidad que no te mueve el déficit cero”, sentenció.
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