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El Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó -por unanimidad- la nueva escala salarial para los empleados municipales, acordada en la última reunión paritaria, en la que se estableció -con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM)- un incremento del 10% de aumento.
El aumento -según se explicó oportunamente- es acumulativo a los previos de este año, lo que eleva el incremento salarial total en 2024 al 115,3%. En comparación, la inflación acumulada ha sido del 87%, lo que significa que los salarios municipales superan la inflación en 28 puntos porcentuales.
Además del aumento salarial, se acordó la incorporación de algunos títulos que el Municipio no estaba pagando previamente. Estos incluyen el reconocimiento del título secundario de 6 años y los títulos universitarios con posgrados o maestrías, que se reflejarán en los haberes de septiembre.
“Nosotros logramos, en esta última paritaria que hicimos, consensuar un aumento del 10% que hace que hoy estemos 28 puntos arriba de la inflación registrada hasta el mes de julio”, resumió esta semana a La Opinión Austral el jefe de Gabinete municipal, Diego Robles.
A comisiones
Por otra parte, en el marco del extenso temario tratado este jueves por los concejales, pasó a comisiones el proyecto para prohibir el uso de nombres, símbolos o imágenes con fines de promoción personal en bienes públicos.
La iniciativa de la concejala Daniela D’Amico (UCR) propone que se prohíba el uso nominal, nombres, símbolos o imágenes con carácter de promoción. Asimismo, pide la incorporación del Capítulo XII, “Faltas contra la ética en el ejercicio de la Función Pública“, al Código Municipal de Faltas.
Como comentamos esta semana, la iniciativa tiene un antecedente muy cercano. Días atrás se presentó otro de similares características en el Congreso de la Nación. En ese caso, el proyecto amplía la prohibición de utilizar la publicidad oficial para la promoción personal de funcionarios, añadiendo ahora la restricción explícita contra la promoción político-partidaria. Además, se incorpora un nuevo artículo 42 bis que detalla una serie de actividades prohibidas para empleados y funcionarios públicos, como la utilización de recursos del Estado para fines de proselitismo, la participación en campañas políticas durante el horario laboral y el uso de bienes públicos con fines electorales.
En tanto, otro proyecto tratado este jueves fue la resolución para instar a los diputados de la provincia de Santa Cruz a elaborar un proyecto de ley mediante el cual se establezca que los alimentos adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, con destino a ayuda social, sean consignados con el rótulo y la leyenda: “Prohibida su Venta. Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Gobierno de la Provincia de Santa Cruz”. Este tema está relacionado a la denuncia realizada este año por la supuesta venta de alimentos en comercios de Río Gallegos.
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