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La comunidad educativa de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) sigue aún conmocionada por el hecho ocurrido el martes por la tarde cuando un trabajador no docente de esa casa de altos estudios atacó con una navaja al estudiante de la carrera de Comunicación, José Fernando Águila, ocasionándole heridas de gravedad que lo tienen aún recuperándose en el Hospital Regional de Río Gallegos.
Pero esta situación de violencia extrema también puso sobre la mesa el debate sobre qué medidas se deben implementar para evitar este tipo de situaciones que, según comentó la madre del herido a La Opinión Austral, Ángela Catelicán, habían puesto de sobre aviso a las autoridades respecto del acoso que estaba recibiendo la novia de José Águila por parte de Pablo B. (46 años), el atacante.
Al respecto, la decana de la Unidad Académica de Río Gallegos (UARG), Karina Franciscovic indicó este miércoles que no había ninguna denuncia formal alertando sobre esta situación. “Hay trascendidos y dichos pero me excede desde lo institucional porque nosotros podemos activar un protocolo o tomar medidas preventivas o intervenir mientras haya una presentación formal y no consta, por lo menos hasta ahora, estoy verificando con todas las áreas porque puede haberse presentado por más de un lugar”, argumentó.
Sin embargo, entre los propios docentes de la UNPA-UARG surgió una preocupación respecto de si se tomaron o no las medidas preventivas y pertinentes. Una de ellas, la docente, investigadora y especialista en temáticas de género, Romina Behrens, indicó a La Opinión Austral que no se necesita una denuncia formal para activar los protocolos.
“Cuando tomamos conocimiento de situaciones de violencia, acoso u hostigamiento en el ámbito universitario no siempre es necesario una denuncia formal para activar los protocolos”, expresó. “En primer lugar existe la actuación de oficio, una autoridad o quien sea puede hacer la denuncia y activar el protocolo inmediatamente y, en segundo lugar, hay una obligación de activar los protocolos sobre todo para quienes tienen responsabilidades políticas y académicas, porque no se sabe el riesgo en el que está la persona hasta que no se haga una evaluación”, señaló.
La docente también manifestó que esa intervención “también implica acompañamiento y medidas a tomar”. Ahora, “todo esto no lo hace otro estudiante, una tutora, una becaria o cualquiera de los docentes, lo tienen que hacer las personas que fueron designadas para eso y que está escrito en nuestro protocolo, vale decir, la dirección de género o la comisión de intervención”. Por eso “es importante, como decimos en la UNPA ‘apretar el botón’ porque en última instancia, es desde ahí donde se revisan las mejores opciones para actuar y se da intervención a otros organismos o incluso se puede hacer una denuncia en el ámbito judicial si el caso lo amerita”, señaló.
En cuanto al caso, Romina Behrens manifestó: “Estamos esperando más detalles por supuesto, pero por la información que está circulando no se trata de una simple agresión, hay que ver si se trata o no de algo más grave que solo una agresión. Lo que me parece importante decir que por toda la información que se hizo pública y lo que está circulando entre la comunidad en el campus, es importante que la justicia incorpore en su investigación si o si la perspectiva de género, y que descarte si se trata de un hecho de violencia de género”, sostuvo.
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