El juicio por el ARA San Juan tendrá lugar en Santa Cruz

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz confirmó su competencia para llevar adelante el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo mientras regresaba a su base en Mar del Plata desde Ushuaia.

La decisión, fechada el jueves pasado, reafirma la elevación parcial a juicio de la causa y pone fin a un conflicto jurisdiccional que retrasó durante meses el desarrollo del proceso.

Cabe mencionar que el navío fue encontrado un año después, más precisamente en la noche del 16 de noviembre, a 907 metros de profundidad, muy cerca del lugar donde se perdió contacto, a unos 505 kilómetros del litoral marítimo argentino, en línea perpendicular a la costa de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Por eso, esta ciudad y su zona aledaña resultan fundamentales para la investigación.

“La causa debe continuar en Santa Cruz”

El fallo, firmado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, ratificó que la jurisdicción competente para continuar con el juicio corresponde a Caleta Olivia y no a Mar del Plata ni a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como algunos querellantes y defensas solicitaron, según la información difundida por Ahora Calafate.

“No interesa que la tragedia aconteciera más allá de las 200 millas marinas. El ARA San Juan era un buque de guerra y estaba sometido a la jurisdicción argentina”, precisó la resolución.

La discusión sobre la sede judicial representó uno de los principales impedimentos para el avance del proceso. Algunos alegaban que el juicio debía desarrollarse en Mar del Plata, donde funciona el comando de la Fuerza de Submarinos y residen varios testigos, o en CABA.

Sin embargo, el tribunal explicó que “las decisiones previas a la navegación no modifican el hecho de que la implosión sucedió en aguas de la jurisdicción santacruceña”. A su vez, subrayó que desde el inicio ninguna parte cuestionó la competencia de Caleta Olivia y que la denuncia se presentó allí, tras el hallazgo del submarino en 2018, por la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa.

“La competencia en materia penal es de orden público y no puede ser modificada por acuerdo entre las partes”, indicaron los magistrados, reafirmando que “la causa debe continuar en Santa Cruz”.

Además, aclararon que las actuaciones desarrolladas en la localidad de El Gorosito contaban con la debida validez y que, hasta el momento, no surgieron elementos que ameriten su remisión a otra jurisdicción. Destacaron que la causa lleva más de siete años y que en esta etapa final solo resta el debate oral y público.

“Una transferencia en este momento podría retrasar aún más el proceso, afectando el derecho de las víctimas y de los imputados a una resolución en un plazo razonable”, advirtieron.

Están procesados por el Tribunal Federal de Santa Cruz cuatro exaltos mandos de la Armada Argentina: Claudio Villamide (excomandante de la Fuerza de Submarinos), Luis Enrique López Mazzeo (excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval), Héctor Alonso (exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos) y Hugo Miguel Correa (exjefe del Departamento de Operaciones).

Se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Si bien hasta ahora no existen responsables políticos, se investiga la actuación del expresidente Mauricio Macri, del exministro Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur, aunque sin imputaciones ni llamados a declaración. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut, había ordenado profundizar la investigación en torno al grado de conocimiento que tenían estas autoridades sobre los ejercicios navales en la zona en el momento del naufragio.