El congreso extraordinario de ADOSAC, el gremio mayoritario de la provincia de Santa Cruz, se reunió este sábado para definir las medidas a seguir luego de que el juez Marcelo Bersanelli hiciera lugar a la acción de amparo presentada por el Gobierno de Santa Cruz contra el gremio por la cantidad de huelgas que realizó durante la primer aparte del ciclo lectivo 2023.
Tal como anticipó La Opinión Austral, la Justicia civil de Santa Cruz declaró ilegal la huelga que mantienen los docentes e instó a cesar en su conducta para garantizar el derecho a clase de los alumnos.
Semanas atrás, el juez Civil Marcelo Bersanelli también había hecho lugar a una medida cautelar con la que se puso un freno a las medidas de fuerza, algo que la ADOSAC acató a poco de las vacaciones de invierno.
El fallo que se conoció este viernes por la tarde, declaró como abusivo y por tanto ilegítimo el ejercicio del derecho de huelga por parte de la demandada durante la primera mitad del ciclo lectivo 2023.
Asimismo calificó esencial la prestación del servicio de educación en la provincia, limitando a un 20% los días de clase de lo que resta del año 2023 que puedan verse afectados por medidas de acción directa dispuestas por ADOSAC, bajo apercibimiento de aplicación de multas progresivas.
Luego de conocer la medida firmada por Bersanelli, el secretario general de ADOSAC adelantó que en la asamblea que se realizó este sábado iba a haber mociones para retomar la huelga en repudio a limitar el derecho a huelga. Sin embargo, en las resoluciones asamblea no figura ninguna medida de fuerza.
El comunicado que publicó el gremio de ADOSAC tiene un pliego de 15 puntos en donde encabezan el conflicto con la Justicia provincial, la causa por el ataque a la residencia de la gobernadora, que derivó en una carátula por intento de femicidio; y en caurto lugar el repudio al aumento salarial por decreto que firmó la gobernadora Alicia Kirchner tras las dilaciones del sindicato en la mesa de la paritaria docente.
ADOSAC repudió y rechazó “la política del Gobierno Provincial y su justicia cómplice al imponer la medida cautelar que proscribe y limita el derecho a huelga en Santa Cruz”, también denunció el cambio de carátula a intento de femicidio a un grupo de trabajadores que participaron de la protesta por la demora en los pagos de sueldos en 2017.
En materia salarial el gremio docente exigió “un porcentaje de recomposición salarial que acompañe a la cláusula gatillo para sacar a todos los docentes de la línea de pobreza” y denunciaron “la utilización de los fondos provinciales” para pagar el bono de 100.000 pesos a los trabajadores estatales, solicitando que esa masa salarial vaya al sueldo básico.
En el fallo de Bersanelli, la Justicia además instó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz a emplear en lo sucesivo todas las facultades que le otorgan las leyes 2.450 y 2.986 para procurar que, ante un conflicto colectivo, las partes se avengan a establecer mecanismos de autorregulación que minimicen el daño que las medidas de acción directa ocasionan sobre el alumnado provincial.
En este sentido, resulta llamativo el silencio que sobre el tema impuso el propio ministro, Teodoro Camino, que nunca se expresó al respecto.
El recurso de amparo sostenía que ADOSAC adoptó “medidas de fuerza extremas” que “en forma arbitraria e ilegal vulneran derechos con protección constitucional y convencional”, y alegaba que todas las ofertas realizadas por el Estado al gremio han sido rechazadas sistemáticamente y acusa que la “situación excede la discusión salarial y de condiciones de trabajo, involucrándose cuestiones de política partidaria”.
Asimismo, indicó que se trata de un ejercicio abusivo del derecho de huelga por parte de los docentes y que genera una seria colisión con el interés superior de los niños a recibir una educación en tiempo y contenidos adecuados.
El argumento del Gobierno fue que el objetivo de la asociación sindical es frustrar el dictado de clases con connotaciones de política partidaria. “Que la reticente conducta del gremio que sistemáticamente rechaza todas las ofertas que el Estado realiza sólo tiene en consideración estrategias políticas, por cuanto el Estado ha realizado ofertas que satisfacen sus reclamos y brindado las herramientas para evitar el conflicto que sólo persiste por cuestiones ajenas a la relación entre los docentes y su empleador”, señala la misiva.
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