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En un significativo encuentro celebrado este lunes, se dieron cita representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Cruz junto a autoridades judiciales, con el propósito de analizar y mejorar el procedimiento administrativo relacionado con la adopción de medidas de protección para niños, niñas y adolescentes.

Este diálogo se enmarcó en un esfuerzo por garantizar la correcta aplicación de la Ley N° 3.062 y busca establecer un marco normativo más claro y efectivo que beneficie a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Pero, ¿qué dice esta legislación? la misma tiene como objeto la implementación de un sistema de Protección Integral de Derechos para la Niñez y la Adolescencia, destinado a promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños, así como determinar los medios a través de los cuales se asegure el efectivo goce de los derechos y garantías

El encuentro, que reunió a Jueces de Primera Instancia de la Familia, la Defensoría General y el Fiscal General ante el Tribunal Superior de Justicia, se convirtió en un espacio de reflexión y debate sobre la situación actual de los equipos técnicos que operan en las áreas locales de protección.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, durante la jornada, se abordó la necesidad imperante de políticas públicas que fortalezcan y brinden estabilidad a los trabajadores de estas áreas, quienes desempeñan un rol crucial en la atención y protección de los derechos de los más jóvenes.

Los participantes también realizaron un exhaustivo repaso de los distintos programas provinciales y nacionales destinados a brindar acompañamiento a este sector, con un foco especial en aquellos niños, niñas y adolescentes que requieren medidas de protección excepcionales. Esta revisión se torna esencial en un contexto donde la protección de la infancia y la adolescencia debe ser una prioridad, y donde cada programa implementado puede marcar la diferencia en la vida de un menor.

Un aspecto destacado del encuentro fue el consenso alcanzado para profundizar estas instancias de diálogo. Los presentes acordaron establecer reuniones semestrales, con el fin de fortalecer progresivamente las intervenciones y abordar las necesidades que vayan surgiendo en el día a día. La próxima mesa de trabajo ya tiene fecha: se llevará a cabo en marzo del año 2025, lo que refleja un compromiso continuo con la mejora del sistema de protección y con la construcción de un futuro más seguro para las nuevas generaciones.

La iniciativa de este encuentro es un claro indicador de que, en la búsqueda de un sistema que garantice el bienestar de la niñez, la colaboración entre distintos sectores es fundamental. Al articular esfuerzos entre el sistema judicial y las áreas de protección, se da un paso significativo hacia la construcción de un marco normativo que no solo sea efectivo, sino que también esté a la altura de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de Argentina. La esperanza es que, a través de este tipo de diálogos, se logre crear un entorno más seguro y estable para todos aquellos que más lo necesitan

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