Esta semana se dio a conocer el caso de una joven de 21 años que, acorde a la información que el sistema de Salud y la propia familia indicó, tiene autismo, situación que se habría agravado en el último tiempo.
La familia dio a conocer el caso porque, tal como explicaron en declaraciones a medios, a su hija la habrían trasladado a Río Gallegos sin avisarle. “Está desaparecida del sistema de salud de Santa Cruz”, habían manifestado.
Sin embargo, desde el Hospital SAMIC de El Calafate dieron a conocer, mediante un comunicado, que se trata de un caso donde la joven participa de un dispositivo interdisciplinario e intersectorial para su salud mental y bienestar social.
Además, acorde a lo que pudo conocer La Opinión Austral, se trata de una paciente que, a pesar de tener un cuadro leve, específicamente síndrome de Asperger, el caso se encuentra judicializado porque su familia no puede sostener un vínculo en términos sanos con la joven.
Esta situación llevó a que la labor intersectorial incluya a la Justicia y la Salud, entre sus diferentes entes y profesionales que, además, abarcan el Hospital SAMIC.
El objetivo, entendieron las autoridades y profesionales involucrados en el caso, fue darle la prioridad a la paciente, tal como establece la Ley de Salud Mental de nuestro país, hasta que la familia pueda reconstruir el vínculo con la joven.
De este modo, según pudo conocer este medio, se logró armar un dispositivo extra hospitalario en la capital provincial en pos del bienestar de la paciente y que pueda, de esta forma, continuar con su tratamiento y, en definitiva, con su vida.
Los profesionales y autoridades involucradas, desde Salud e la provincia, la justicia y derechos humanos están en pos de la medida que apunta, pura y exclusivamente, a resguardar a la joven.
Esto se apoya en el comunicado que enviaron desde el Hospital SAMIC donde detallan que, además, denunciarán a quienes han vulnerado no sólo la identidad de la paciente, sino difundido su imagen en diferentes medios de la provincia.
“Ante las reiteradas publicaciones que vulneran la identidad de una persona con padecimientos psíquicos, usuaria del servicio de salud mental de este hospital, damos a conocer a la comunidad que la usuaria está participando de un dispositivo interdisciplinario e intersectorial para su salud mental y bienestar social”, explicaron en primer lugar.
Agrega que “el hospital iniciará acciones legales de carácter civil y penal contra todas las personas físicas o jurídicas cómo así medios que han vulnerado el derecho de resguardo de identidad de la usuaria y han difamado el accionar del hospital haciendo declaraciones falsas y publicado imágenes no autorizadas”.
De igual modo y para conocimiento de la comunidad, señalaron: “Hacemos conocer a la comunidad que el desconocimiento que manifiesta la familia acerca del paradero específico de la usuaria se debe a una medida judicial de la cual ellos están notificados y por la cual no pueden recibir esa información“.
Por último, mencionaron que “llevamos tranquilidad a toda la comunidad de que en este hospital se trabaja diariamente por los derechos de todos los usuarios y agradecemos al equipo de salud que ha trabajado arduamente en este dispositivo”.
La problemática, en términos generales, no es nueva y en varios sectores de la salud mental los profesionales abordan este tipo de casos en los cuales las familias no pueden garantizar el derecho al bienestar de uno de sus integrantes e, incluso, terminan por ser expulsados y vulnerados, siendo una preocupación latente en una sociedad que aún se debe replantear muchos paradigmas.
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