Ley de Alquileres: el oficialismo obtuvo el dictamen y el Senado votará entre dos proyectos

Luego de semanas de debate en la Comisión de Legislación General, este miércoles el interbloque del Frente de Todos y el peronismo de Unidad Federal avanzó con el dictamen que propone modificar la reforma de la Ley de Alquileres que fuera aprobada en agosto en la Cámara de Diputados.

El proyecto, en consecuencia, quedó sujeto a ser tratado en sesión y, de ser aprobado, deberá volver a la Cámara Baja que resolverá si acepta o no los cambios. En la vereda de enfrente, la oposición busca frenar esa reforma y dejar asentado el texto original.

Como resultado, el bloque de Juntos por el Cambio busca sancionar la ley que llegó con aprobación, mientras que el peronismo, propone cambios en los tiempos de renovación de los contratos de alquiler y en los índices de actualización de incrementos.

El dictamen, que alcanzó el oficialismo y el peronismo, propone sostener el plazo de alquiler de 3 años, punto central en la reforma, y modifica la actualización del precio llevándolo de un año, como sucede actualmente, a seis meses por el índice “Casa Propia” que toma el promedio más bajo entre los salarios y la inflación.

En tanto, establece que el alquiler solo puede ser en moneda local, elimina la posibilidad de que los rentistas puedan pedir meses por adelantado, sostiene la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP e incorpora exenciones impositivas a los rentistas de hasta dos propiedades.

¿Qué estipula el proyecto aprobado en Diputados? Entre los puntos centrales, propone que el plazo de los contratos se reduzca de tres a dos años, y que los valores de los contratos vigentes se ajusten con un mínimo de cuatro meses, y no de un año como es actualmente. Además, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa.

Durante el plenario, Matías Solano, referente de Inquilinos de Santa Cruz, señaló que modificar la ley acorde al proyecto aprobado en la Cámara Baja es “dejar a las familias a merced de las inmobiliarias, como ya están actualmente, eso es extorsión, es un golpe de mercado que ha generado esta situación”. Indicó, en tanto, que  “las organizaciones inquilinas seguiremos luchando para que el acceso a la vivienda deje de ser un sueño y se reconozca como derecho fundamental”.