Municipio de Caleta preocupado por ocupación ilegal de terrenos fiscales

El sábado por la noche, un grupo de familias decidió usurpar tierras fiscales detrás del denominado barrio La Esperanza. Desde la comuna denunciaron a la Justicia el hecho y admiten que la falta de lotes en condiciones de ser adjudicados es importante.

Integrantes de varias familias continuaban ayer armando precarios refugios en el terreno fiscal de Caleta Olivia que estaba destinado a plaza pública.

* Corresponsalía Caleta Olivia

La gestión de intendente Facundo Prades vuelve a ser jaqueada por una nueva ocupación de terrenos y esta vez no se trata de privados, sino de un lote fiscal de aproximadamente una hectárea en el perímetro del barrio Rotary 23 que estaba destinado a una plaza pública.
Con mayor precisión, el sitio está ubicado de manera contigua a las 187 viviendas oficiales que fueron masivamente usurpadas en días previos a las elecciones generales del mes de octubre de 2015, cuya construcción estaba paralizada hacía más de un lustro.
Ese grupo habitacional fue denominado luego como “barrio Esperanza” por las propias familias que lo usurparon y si bien en un principio fueron intimadas al desalojo, con el transcurrir de los años las denuncias presentadas por el municipio y el IDUV ante esferas judiciales se fueron diluyendo.
Ahora, cruzando una calle aparecieron carpas y precarias construcciones colocadas por al menos diez familias, parte de las cuales forman parte de otras que residen en el barrio Esperanza.
El primer asentamiento se detectó el jueves de la semana pasada y fue protagonizado por dos trabajadores de la construcción, pero se retiraron luego de ser intimados por una comisión policial de la Comisaría Quinta.
Sin embargo, el sábado por la noche volvieron a asentarse en el lugar junto a otras personas, esta vez armando con gran celeridad precarios refugios, con las respectivas demarcaciones de lotes individuales.

Piden que actúe la Justicia
Ante esta circunstancia, el secretario de Planificación de la comuna, Mauro Zacarías, reconoció que este hecho genera otro serio problema social y que, de acuerdo a la información de que se disponía, parte de los ocupantes de esos lotes son integrantes de las familias que usurparon, en su momento, las 187 viviendas.
“Actuamos según la ordenanza de tierras, se realizó la denuncia en la Seccional 5ta y ya existe una demanda judicial sobre el caso”, afirmó.
Sostuvo que no es justo que la gente ingrese de manera ilegal a esos terrenos y manifestó que desde su secretaría tratan de mediar para que los vecinos se acerquen a realizar los legajos con el fin de obtener un terreno de manera legal. “Tratamos de explicarle a la gente que este no es el mecanismo. La regularización de esos terrenos tomados no existe a futuro pero, de suceder, el terreno va a costar más caro que uno privado”, agregó
En ese sentido, explicó que está trabajando en un proyecto de loteo para adjudicar, antes de fin de año, 120 lotes más. Ante este panorama, también reconoció que en Caleta Olivia existe una demanda que se contrasta demasiado con la realidad. A diciembre de 2017 había en tierras alrededor de 3.500 solicitudes, pero hoy hay más de 4.500. Zacarías relacionó el incremento con la entrega ilegal de terrenos hecha por el concejal Rubén Martínez en las denominadas 240 Has. de Salas y Del Río. Desde aquel hecho, dijo, se complicó mucho la cantidad de personas que presentó su solicitud.
El secretario de Planificación planteó que el costo de las tierras fiscales debe rondar entre $ 20.000 y $ 50.000 a pagar en cuotas, porque el objetivo es que los vecinos puedan disponer de sus ahorros para la construcción del inmueble. Por eso, manifestó que es injusto que haya gente que hace los trámites para poder construir mientras algunos avivados procesan a través de la intimación para que se regularice su situación.
“Están las personas que realmente necesitan y los que se avivan. No tenemos que cometer errores porque al momento de revisar los expedientes, vemos que los solicitantes o su pareja tienen casas de IDUV. Por eso, la selección lleva mucho tiempo”, agregó.
Por último, Zacarías explicó que la primera reunión de la Comisión Bidepartamental de Tierras será luego de Semana Santa y que recién allí podrán analizar la situación. Además, se deberá nombrar un nuevo director de Tierras porque Leonardo Benítez se alejó de su cargo, aparentemente por problemas de salud.

Registro de usurpadores
En tanto, el concejal Pablo Calicate recordó que la ordenanza de tierras prevé una cuadrilla permanente de inspección de terrenos fiscales para protegerlos de posibles usurpaciones y manifestó que las personas denunciadas por las tomas en el B° Esperanza deberán ingresar en un registro de usurpadores, por lo que no podrán acceder a terrenos fiscales por el término de 10 años. “Hay que ir a la Dirección de Tierras y formar expediente, aunque el trámite no es rápido, allí se deben dar las respuestas”, dijo y recordó que a fines del año pasado se adjudicaron 170 terrenos que aún no han sido entregados. Con la salida de Rubén Martínez de la Comisión Bidepartamental de Tierras, serán Pablo Calicate y Javier Aybar quienes desde el Poder Legislativo conformarán la misma. Los ediles, que la semana pasada enviaron una nota pidiendo una reunión de la comisión, esperan ser convocados por Mauro Zacarías.
La toma de terrenos en Caleta Olivia no es una novedad. Ocurrió históricamente en lugares como Zona de Chacras y el B° 3 de Febrero, como también fueron legalizadas posteriormente por el municipio las acciones de los usurpadores. En esta oportunidad la toma coincidió con la visita del senador Eduardo Costa, quien tenía planeado visitar el B° Rotary XXIII, cercano a la zona del conflicto, donde se llevó a cabo un operativo entre ANSeS y Migraciones. Finalmente, Costa no acudió al lugar.