La investigación denominada Alianza Austral reveló una estructura organizada que operaba entre Santa Cruz y la región chilena de Magallanes, dedicada al tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y contrabando.
El circuito ilegal funcionó desde 2019 utilizando pasos fronterizos no habilitados en la cordillera para trasladar mercadería y divisas, detectándose maniobras de hasta 85.000 dólares ocultos en vehículos.
Tras ser desmantelada en 2023, la justicia chilena condenó recientemente a seis de los 17 implicados con penas de hasta cuatro años de prisión efectiva, mientras otros acusados podrían ir a juicio oral.
En Argentina la causa continúa avanzando con diez personas procesadas este mes, entre las que se encuentran tres funcionarios públicos vinculados a la organización.

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