El gobernador Claudio Vidal encabezó la puesta en marcha de un nuevo pozo de extracción de crudo en la zona de Aguada Bandera, en un yacimiento operado por la empresa Quintana Energy y con la presencia del secretario general del gremio de petroleros jerárquicos, José Llugdar. La habilitación generó expectativas en la comunidad respecto a la reactivación del empleo y la cadena de valor local tras la caída de puestos registrada en los últimos años. En paralelo, el Gobierno nacional oficializó a través del Boletín Oficial un llamado a licitación pública nacional para contratar una consultora privada encargada de la inspección técnica, ambiental, contractual y administrativa de los aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz, contemplando un presupuesto oficial superior a los 39.624 millones de millones de pesos. Esta medida se inscribe en la reorganización administrativa dispuesta tras la salida de la empresa estatal ENARSA como comitente de la obra, un cambio que generó debate en torno al uso de fondos públicos para tercerizar tareas de control que anteriormente realizaban los propios organismos estatales.

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