El presidente de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, Pablo Pérez, explicó el alcance del Decreto N°608 y defendió el procedimiento aplicado para otorgar jubilaciones a 27 personas, entre ellas tres vocales del Tribunal Superior de Justicia.

En diálogo con Juan Suárez, Pérez sostuvo que la Caja “no inició de oficio estos trámites ni tampoco obligó a nadie a jubilarse” y afirmó que se trató de personas que habían iniciado voluntariamente sus expedientes y cumplían con los requisitos establecidos por la ley.

Según explicó, el Decreto 608 establece un procedimiento para los casos en los que una persona solicita la jubilación, cumple los requisitos, pero el cese de la actividad no se concreta. “Si una persona solicita una jubilación y cumple con todos los requisitos, la responsabilidad de la Caja es resolver ese expediente”, señaló.

Pérez también diferenció entre la remoción de un magistrado y el otorgamiento de un beneficio previsional: “Una cosa es remover a un magistrado contra su voluntad (…) y otra muy distinta es determinar cuáles son las condiciones jurídicas de una jubilación que el propio interesado solicitó voluntariamente”.

El titular de la Caja indicó además que existen más de 300 trámites en una situación similar y que deberán realizar un relevamiento para determinar cómo continuará el proceso. También sostuvo que defender a los activos implica garantizar que los aportes personales y patronales lleguen efectivamente a la Caja.
La aplicación del Decreto N°608 continúa generando cuestionamientos, mientras permanece en discusión judicial su constitucionalidad. Según se explicó en la entrevista, una medida cautelar que había suspendido su aplicación fue posteriormente revocada por la nueva mayoría del Tribunal Superior de Justicia.

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