Paula Ludueña, Alicia Mercau y Reneé Fernández rechazaron formalmente las jubilaciones dispuestas por la Caja de Previsión Social de Santa Cruz y exigieron que las resoluciones sean retrotraídas en un plazo de 24 horas. Las magistradas sostienen que la medida vulnera la garantía de inamovilidad prevista en el artículo 128 de la Constitución provincial y anticiparon acciones legales si la CPS no revierte su decisión.
Su abogado, Fernando Tanarro, fue contundente: calificó la jubilación compulsiva como “absolutamente inconstitucional” y sostuvo que las vocales del Tribunal Superior de Justicia no pueden ser removidas por una decisión administrativa, sino únicamente mediante un juicio político.
La Opinión Austral intentó obtener declaraciones de las tres magistradas tras el encuentro en la Caja de Previsión Social, pero las involucradas no quisieron realizar declaraciones. El conflicto, mientras tanto, sigue abierto y las próximas horas serán clave.

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