El expediente por la muerte de Carlos Ferrer Gilmar, el ciudadano de nacionalidad boliviana de 38 años que falleció en la Comisaría Séptima de Río Gallegos tras ser aprehendido, dio un vuelco determinante al confirmarse que existió una maniobra de sujeción cervical durante el operativo policial para su reducción. Fuentes consultadas por La Opinión Austral detallaron que en la causa se determinó la presencia de esta “acción más cercana a un estrangulamiento”, un dato técnico que modifica el enfoque de la investigación conducida por el Juzgado de Instrucción Nº 3 y por la que se ordenó apartar a la Policía Provincial para encomendar las tareas a la Gendarmería Nacional.

El hecho se desencadenó pasadas las 22:35 del viernes 16, cuando un llamado de código rojo movilizó a los patrulleros al gimnasio Indio Nicolai tras el pedido de auxilio de un niño de 10 años. Los efectivos ingresaron a una vivienda de la manzana 71 donde hallaron a Ferrel Gilmar en un cuadro de extrema agresividad e intoxicación alcohólica, mientras su pareja, identificada como LPR de 36 años, presentaba una herida sangrante en el labio inferior. Debido a la resistencia del sujeto, acudieron refuerzos del Comando de Patullas para concretar su contención física. Minutos después, al ser conducido al sector de celaduría de la dependencia, el detenido colapsó y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar y al uso de un desfibrilador por parte del personal del 107, el médico de guardia confirmó su deceso.

Aunque los análisis preliminares indicaron que el hombre registraba más de dos gramos de alcohol por litro de sangre y patologías de salud persistentes, los peritajes forenses dejaron constancia formal de que el personal interveniente sujetó e inmovilizó del cuello al individuo. En un móvil en vivo desde el Juzgado de Instrucción Nº 3, el cronista Matías Fenelli reportó la llegada de la pareja del fallecido junto al abogado querellante contratado por el hermano y la expareja de la víctima. El móvil dio cuenta además de las versiones de allegados sobre los destrozos en la vivienda durante la aprehensión y el temor de la mujer que la llevó a abandonar el inmueble, mientras la Justicia busca determinar la responsabilidad procesal de los agentes que actuaron en el procedimiento.

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