En la emisión de “La Mañana de LU12”, la titular de la Secretaría General de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas, Dra. Olga Álvarez, detalló la actuación del organismo ante el conflicto en el Centro Chileno de Río Gallegos. Álvarez aclaró primeramente que el organismo cambió su denominación y marco legal hace dos años con la Ley 3801, ampliando sus incumbencias sobre sociedades y entidades. Respecto a la situación institucional de la sede, explicó que si bien existe una causa judicializada correspondiente a una asamblea del año 2022, el mandato del presidente Pedro Díaz venció el 22 de diciembre de 2024. Para restablecer el funcionamiento institucional, la repartición constituyó una comisión normalizadora por un plazo de 90 días prorrogables, integrada por Blanca Pacheco, Edmundo Mancilla y José Almonacid, quienes tendrán la tarea de ordenar la contabilidad, regularizar balances adeudados desde 2022, depurar el padrón de socios y convocar a una asamblea extraordinaria para celebrar elecciones. Sobre el operativo realizado y las objeciones planteadas por la abogada Andrea Camporro, Álvarez indicó: “Si bien ayer yo escuché comentarios de una doctora que estaba presente en el momento en que quisieron hacerse posesión de la sede del centro chileno, ella decía que está judicializado… pero está judicializada esa decisión del 2022. Nosotros lo que estamos haciendo ahora con la normalizadora es justamente… devolverle la vida institucional democrática a la asociación”. Asimismo, ratificó que cualquier socio legitimado, incluida la conducción saliente, podrá presentarse en los comicios una vez regularizado el padrón. En cuanto al plazo de 72 horas solicitado por la defensa, la funcionaria sostuvo: “entiendo que esas 72 horas ellos se lo pidieron porque el presidente Díaz no se encontraba en la localidad… Para mí correspondía que lo entregaran en el momento, pero bueno, son cuestiones”. Por último, respecto al impacto en las actividades y los feriantes que utilizan el espacio, señaló que la comisión normalizadora deberá convocarlos para acordar la convivencia mientras concluye el proceso de regularización.

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