Un intenso debate se generó tras el descarrilamiento del tren de YCRT que trasladaba carbón hacia Punta Loyola, en el marco de “un convenio entre YCRT para vender más de 210,000 toneladas de carbón por casi 10 millones de dólares”. Frente al hecho, el diputado nacional por Santa Cruz, José Luis Garrido, calificó lo sucedido como un hecho intencional al sostener que “eso es volver a las viejas políticas y metodologías de aquellos que no quieren que al gobierno le vaya bien”, añadiendo que “apuestan al fracaso de la empresa para volver a tomar el gobierno”. En la misma línea, desde el gobierno y la intervención de la empresa se dio por sentada la hipótesis de un “sabotaje”, mientras que la conducción de la compañía sugirió que quien ejecutó la maniobra “sabía cómo se descarrila un tren”. Ante estas declaraciones, se advirtió sobre lo “arriesgado” y “temerario” de señalar responsabilidades o atribuir intencionalidad política “sin que las pericias todavía digan que efectivamente fue por eso” o descarten fallas en “el mantenimiento de las vías”, recordando además que el suceso ocurrió en un punto remoto de difícil acceso ubicado a más de 100 kilómetros de Río Turbio.

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