La decisión de la Caja de Previsión Social de jubilar a las vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Paula Ludueña, René Fernández y Alicia de los Ángeles Mercado, generó un fuerte conflicto institucional y abrió un debate sobre la constitucionalidad de la medida.
El abogado Fernando Tanarro, representante de las magistradas, cuestionó el decreto 608 y sostuvo que la medida vulnera la inamovilidad judicial. “La medida, esta jubilación compulsiva es absolutamente inconstitucional”, afirmó, al tiempo que recordó que la Constitución establece que los jueces del Tribunal Superior solo pueden ser removidos mediante juicio político.
Tanarro también señaló que se presentaron comunicaciones formales para solicitar la revisión de la decisión y advirtió sobre el impacto en la Caja de Previsión Social: “Esta es la forma de generar un mayor déficit en la caja”.
El caso podría escalar a la Corte Suprema de Justicia, en un contexto que fue comparado con el antecedente del caso Sosa, un conflicto que se extendió durante décadas.
Desde el Ejecutivo provincial, el gobernador Claudio Vidal defendió la medida y cuestionó a la oposición. “Me preocupa el relato de la oposición. Dicen defender a los trabajadores, pero cuando se guardan la plata de los aportes de los jubilados están tirando los jubilados a la basura”, expresó.
Además, sostuvo que “la justicia empieza a escuchar al pueblo de Santa Cruz” y destacó las auditorías en curso dentro del Poder Judicial.
Durante la entrevista también se analizó la falta de pronunciamientos de distintos sectores políticos, entre ellos la UCR, el Partido Justicialista y el Colegio de Abogados, en un conflicto que involucra al Poder Ejecutivo y al Tribunal Superior de Justicia.
El debate incluye además la posible reconfiguración del Tribunal Superior en caso de concretarse las jubilaciones y la eventual designación de nuevos vocales.

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