En la Cámara Oral de Río Gallegos se puso en marcha el juicio contra tres acusados —de apellidos Cabana, Sánchez y Muñoz— involucrados en una causa de corrupción, violación de deberes y tráfico ilegal de armas que operaba desde el interior del Juzgado Provincial de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de Río Turbio. El caso, originado en diciembre de 2024 tras el denominado “Operativo Empleado Infiel”, investiga a quienes en lugar de resguardar el armamento judicial realizaban “la sustracción sistemática y la posterior comercialización ilegal de armamento de fuego y municiones que se encontraban bajo custodia judicial”. La investigación preliminar contó con “múltiples allanamientos y requisas en las localidades de 28 de Noviembre, Río Turbio y en estancias de la zona”, con la intervención de Fuerzas Especiales, Interpol, Cibercrimen y el Departamento de Delitos Organizados Zona Sur. Durante los procedimientos se secuestraron 30 teléfonos celulares, computadoras, dinero en pesos y moneda chilena, registros judiciales con “información sumamente sensible sobre armas y pericias”, e incluso mobiliario con sellos oficiales y carne faenada clandestinamente. Aunque inicialmente la justicia ordenó la detención de seis sospechosos —incluyendo a uno que intentó fugarse hacia Chile y fue interceptado por Gendarmería Nacional en el paso internacional Dorotea—, finalmente tres de ellos llegaron a esta instancia de debate oral. A lo largo del juicio, el tribunal examinará “pruebas documentales, pericias balísticas, cruces telefónicos y testimonios” para juzgar a quienes, actuando como custodios de las dependencias públicas, habrían perforado el sistema de seguridad desde adentro para desviar armamento vinculado a hechos delictivos y abigeato en la región.

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