Una investigación federal de más de un año permitió descubrir cómo ingresaban drogas a la cárcel mediante visitas familiares y mecanismos de ocultamiento corporal. Según la hipótesis fiscal, la organización distribuía cocaína y marihuana entre los internos, utilizaba escondites en los pabellones y coordinaba los pagos mediante transferencias y billeteras virtuales.
Por orden de la Justicia Federal se realizaron ocho allanamientos simultáneos: uno dentro de la Unidad 15 y siete en distintos domicilios de Río Gallegos. La investigación también apunta a una posible colaboración de personal penitenciario y busca determinar el alcance de la red, que presuntamente también abastecía el narcomenudeo fuera del penal.
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