El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, bajo la presidencia de Gabriel Contreras Agüero, dispuso la adopción de “medidas inmediatas para corregir las demoras detectadas en cinco juzgados de primera instancia de Río Gallegos”, abarcando las dependencias Civiles, Comerciales, Laborales y de Minería N° 1 y N° 2, así como los Juzgados de Familia N° 1, N° 2 y N° 3. Tras una inspección realizada por la Cámara de Apelaciones a pedido de la presidencia del tribunal, se contabilizó “un total de 2,192 casos” con irregularidades procesales, desglosados en 219 sentencias pendientes, 60 resoluciones interlocutorias atrasadas, 1,155 escritos sin asignar ni proveer en el sistema, 566 expedientes sin asignar y 192 expedientes asignados pero sin proveer resultado. Entre las causas del colapso se señalaron la falta de designaciones oportunas de magistrados que derivó en la subrogancia de juzgados por un mismo juez, las medidas de fuerza del personal, la falta de recursos humanos y fallas en la eficiencia del trámite diario.
El relevamiento expuso marcadas diferencias en el desempeño de las dependencias inspeccionadas: mientras que el Juzgado de Familia N° 1 fue considerado de funcionamiento “satisfactorio” con el despacho diario al día, el Juzgado de Familia N° 2 presentó una situación calificada como “crítica” con “96 sentencias pendientes” y expedientes demorados desde febrero de 2025. En tanto, el Juzgado de Familia N° 3 registró sólo siete sentencias pendientes, aunque con una carga laboral sustancialmente menor. Por su parte, el Juzgado Civil N° 1 registró 1,155 escritos sin asignar ni proveer y 61 sentencias definitivas con plazos vencidos, mientras que el Juzgado Civil N° 2 acumuló 53 sentencias y 32 resoluciones pendientes, marco en el que se valoró la reciente asunción de su titular. Ante el cuadro detectado en la auditoría, la resolución del 7 de octubre exigió planes de contingencia y la Cámara Civil de Río Gallegos, mediante su titular Carlos Arenillas, anunció que “habilitara el turno tarde para avanzar con los expedientes” y lograr poner al día la tramitación judicial en la capital provincial.
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