Escuchas judiciales revelan que el empresario daba órdenes sobre alquileres, campos, ganado y movimientos de dinero desde el penal de Ezeiza.

La investigación por lavado de activos y narcotráfico en Río Gallegos detectó operaciones por casi $391 millones en ocho meses e involucra a 16 personas.

Leé más notas de La Opinión Austral