Un nuevo fallo judicial ordenó al Gobierno Nacional cumplir con la ley de financiamiento universitario tras la resolución emitida por el juez Martín Cormick, quien dio lugar al amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La medida dejó sin efecto el decreto 759/2025 y le exigió al Poder Ejecutivo la puesta en marcha de los mecanismos reglamentarios y el envío de las partidas necesarias para recomponer los salarios de los docentes y no docentes, además de garantizar los gastos de funcionamiento diarios de las casas de altos estudios. En sus fundamentos, el magistrado remarcó de manera tajante que el decreto gubernamental no supera un test mínimo de razonabilidad, dado que pretendía suspender la vigencia de una ley que el Poder Legislativo había vuelto a ratificar con mayorías agravadas tras el veto presidencial previo. Desde el sector gremial, el secretario general del sindicato docente de la UBA, Pablo Perassi, celebró el fallo expresando que “demuestra lo que venimos sosteniendo desde el primer día: el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución Nacional y el orden democrático al pretender legislar por decreto y aplicar un veto encubierto a una ley que fue ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso”. A su vez, el dirigente remarcó que “el juez Cormick fue claro: el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender la voluntad soberana del Poder Legislativo bajo el pretexto del equilibrio fiscal”, calificando la resolución como “una victoria contundente para las universidades nacionales, para nuestros salarios y para todo el sistema público universitario”. Pese al pronunciamiento contundente de la Justicia que señala la imposibilidad de ir mediante un decreto contra una ley respaldada por la mayoría de los bloques parlamentarios, trascendió que el Ejecutivo nacional apelará la medida para dilatar los plazos, en un contexto en el que las casas de estudio continúan atravesando severas dificultades para su funcionamiento diario.

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