Ianni advirtió que buscan eliminar la ley que declara de interés nacional al carbón: “No pueden bajarle el precio a quienes proyectan el futuro en Santa Cruz”

En el marco de una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, la legisladora santacruceña Ana María Ianni expresó una fuerte crítica al proyecto conocido como “ley hojarasca”, impulsado por el Gobierno nacional y presentado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone la derogación de unas 70 leyes consideradas “obsoletas, inútiles o restrictivas de libertades”.

El debate legislativo se da en un contexto de alta tensión política, en una sesión donde también se debatirá la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría y una serie de tratados internacionales.

Ana María Ianni: fuerte defensa de YCRT y la Cuenca Carbonífera

Durante su intervención en el recinto, la diputada por Santa Cruz cuestionó con dureza el alcance del proyecto y advirtió especialmente sobre sus efectos en sectores estratégicos de la Patagonia.

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la defensa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en la Cuenca Carbonífera, una de las principales áreas productivas de la provincia.

“Este proyecto pone en riesgo la intervención del Estado que históricamente ha sido una herramienta de protección y regulación en distintos ámbitos”, sostuvo Ianni, al tiempo que advirtió que la eliminación de normas vinculadas al carbón mineral impacta directamente en el desarrollo productivo de la región.

La legisladora también cuestionó que el proyecto busca eliminar la Ley 19.648 que declara de interés nacional la prospección, explotación y comercialización del carbón mineral, señalando su importancia estratégica para el futuro energético del país.

En este sentido, Ianni remarcó que el complejo carbonífero de Río Turbio cuenta con reservas estimadas en más de 450 millones de toneladas de carbón que están esperando el desarrollo productivo para su explotación para los próximos 100 años.

“¿Les parece que eso es obsoleto? ¿Será que derogar esta ley es bajar la categoría de importancia de nuestro futuro, bajarle el precio a nuestro complejo carboeléctrico? ¿Será que si logran derogar esta ley quedan habilitados a entregar una empresa que hoy están devaluando?”, cuestionó en el recinto, al advertir sobre el impacto que podrían tener las reformas en la estructura productiva de la provincia.

En esa línea, también vinculó el debate con la defensa del empleo, la soberanía energética y el rol del Estado en territorios estratégicos del sur argentino.

“Buscan atacar a Santa Cruz o a cada argentino que confía que nosotros venimos acá a legislar para fomentar actividades productivas, que ponemos en valor  nuestros recursos naturales. Es nuestra forma esencial de ejercer la soberanía que hacemos desde el lugar donde estamos geográficamente”, afirmó la diputada.

En el tramo final de su intervención, la diputada santacruceña reforzó su defensa del sector carbonífero: “No van a poder devaluar ni bajarle el precio a los hombres y mujeres que son esenciales en la tarea diaria de defender ese carbón y de proyectar el futuro en nuestra tierra santacruceña. Hoy son sus prioridades, mezclar temas, confundir a la gente, ocultar y si pasa, pasa. Pero ojo, tengan en cuenta que los mineros y las familias del carbón los están mirando”, cerró.

Qué es la ley hojarasca: el proyecto de desregulación del Estado

La denominada “ley hojarasca” fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo y apunta a eliminar normas sancionadas en distintas etapas de la historia argentina, bajo la premisa de que muchas de ellas ya no tendrían vigencia práctica o habrían quedado superadas.

Según los fundamentos difundidos por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Sturzenegger, las leyes alcanzadas incluirían normas dictadas durante gobiernos de diferentes signos políticos —desde administraciones democráticas hasta gobiernos de facto— y se encuadran en seis criterios principales: limitaciones a la libertad individual, trámites innecesarios, normas superadas por legislación posterior, obsolescencia tecnológica, instituciones ya inexistentes y organismos financiados por el Estado que deberían ser autosustentables.

El oficialismo sostiene que la iniciativa busca “modernizar el Estado”, mientras que la oposición advierte sobre posibles retrocesos en materia de regulación, protección social y soberanía económica.