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La causa conocida como “Alianza Austral” es seguida por La Opinión Austral desde un primer momento y, en las últimas horas, volvió a escalar en el plano judicial. El Ministerio Público Fiscal apeló los sobreseimientos y las faltas de mérito dictadas por el Juzgado Federal de Río Gallegos y cuestionó con dureza la evaluación de la prueba, al sostener que existe una estructura criminal organizada dedicada al contrabando de divisas, cigarrillos y neumáticos entre Argentina y Chile.
El expediente, que investiga maniobras ilegales desarrolladas al menos entre 2021 y agosto de 2023 en la cuenca carbonífera, expone un entramado complejo que, según la fiscalía, no puede ser analizado de manera fragmentada. La apelación presentada por el fiscal general Julio Zárate, junto a representantes de áreas especializadas en delitos económicos y narcocriminalidad, pone el foco en lo que consideran una interpretación incompleta por parte del juez federal Claudio Marcelo Vázquez.
En su resolución, el magistrado había procesado a 10 de los 21 imputados por contrabando agravado y encubrimiento, pero dictó la falta de mérito para todos en relación al delito de lavado de activos, además de sobreseerlos por asociación ilícita y desvincular a cinco acusados del delito de narcotráfico. Esa decisión fue el punto de quiebre que motivó la reacción del Ministerio Público.
En la presentación judicial, los fiscales sostuvieron que el fallo se basó en una “valoración fragmentaria y aislada de los elementos colectados en la pesquisa”, y remarcaron que el análisis debería contemplar la totalidad de las pruebas de manera “integral y armónica”. La crítica apunta a que el juez evaluó cada delito de forma individual sin considerar la existencia de una estructura organizada que operaba de manera coordinada a ambos lados de la frontera.
La investigación revela un esquema de contrabando que aprovechaba las características geográficas de la región. Los movimientos se realizaban principalmente a través de pasos fronterizos no habilitados en zonas cercanas a Río Turbio y 28 de Noviembre, en áreas rurales con escasa presencia estatal. Allí, en estancias privadas estratégicamente ubicadas, se concretaban las maniobras ilegales.
El circuito era tan aceitado como clandestino. Mientras que desde Argentina se enviaban cigarrillos hacia Chile, desde el país vecino ingresaban neumáticos y otros productos, además de divisas que, según la causa, eran transportadas ocultas en vehículos particulares. El dinero circulaba en dólares y cheques, lo que complejiza aún más el rastreo financiero.
La red no operaba de manera improvisada. Según la hipótesis fiscal, contaba con logística propia, vehículos de distintos portes y una red de colaboradores distribuidos en varias localidades de Santa Cruz, incluyendo Río Gallegos, El Calafate y Puerto San Julián, además de conexiones en Bahía Blanca. Del lado chileno, las operaciones se verificaron en ciudades como Puerto Natales y Punta Arenas.
Uno de los aspectos más sensibles de la causa es el presunto uso de estructuras jurídicas para canalizar las ganancias ilícitas. La fiscalía sostiene que se detectaron facturas apócrifas y movimientos financieros que permitirían inferir maniobras de lavado de activos, punto que el juez no consideró suficientemente acreditado en esta etapa del proceso.
En paralelo, la investigación también salpica a miembros de fuerzas de seguridad. Entre los procesados se encuentra un integrante de Gendarmería Nacional acusado de cohecho pasivo, así como un miembro del Ejército señalado por tráfico de influencias. Estos elementos refuerzan la hipótesis de una organización con capacidad de penetración institucional.
La dimensión internacional del caso agrega un elemento clave. La causa se desarrolla en el marco de un Equipo Conjunto de Investigación entre Argentina y Chile, lo que permitió intercambiar información y avanzar en ambos territorios. De hecho, en el país vecino ya se registraron condenas contra seis personas vinculadas a la organización, con penas que incluyen prisión efectiva por contrabando y lavado de activos.
Para la fiscalía, estos antecedentes refuerzan la necesidad de revisar la resolución judicial local. En su apelación, remarcaron que el análisis conjunto de la prueba permite identificar una “voluntad social” orientada a la comisión de delitos, concepto que el juez consideró no acreditado.
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