Your browser doesn’t support HTML5 audio

A mediados de agosto, se celebró con bombos y platillos un gran golpe al contrabando internacional, cuando las unidades fiscales federales de Argentina y Chile desbarataron, de manera conjunta, una asociación ilícita que se dedicaba al tráfico de bienes en la zona sur del Cono Sur.

Se trató del megaoperativo “Alianza Austral“, por el que se realizaron casi cincuenta allanamientos de un lado y del otro de la Cordillera de los Andes, focalizados en la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz y de la provincia Última Esperanza del lado trasandino.

Solo cinco personas quedaron tras las rejas del lado argentino, mientras que veintidós más habían fijado domicilio. Tal como lo adelantó La Opinión Austral en su momento, los acusados de este lado de la cordillera eran Marcelo GaspariniPedro Toledo, Pablo Toledo, Maximiliano Toledo y Omar Schulmaeister, los primeros procesados por “asociación ilícita agravada por sus calidades de jefes de la organización, en concurso real con contrabando agravado reiterado y lavado de activos de origen ilícito agravado” mientras que el último solo como coautor de esos delitos.

Tal como lo anticipó www.laopinionaustral.com.ar todos los acusados fueron beneficiados por la excarcelación, tras un fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, tribunal pruripersonal presidido por Javier María Leal de Ibarra, junto a Aldo Suárez.

Los jueces plasmaron la decisión de liberar a los acusados pese a lo que se había resuelto en primera instancia del Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de Claudio Marcelo Vázquez, tras la investigación que, durante años, había realizado la Fiscalía Federal subrogada por Julio Zárate.

Claudio Vázquez, el juez federal que los había detenido. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

La resolución remarca que, por ejemplo, Gasparini había presentado ante la Cámara de Comodoro documentación apócrifa intentando justificar la procedencia de lo que quedó acreditado como mercadería traficada. Pese a eso, los jueces firmaron que los imputados “aceptarían de buena gana” el fallo.

La Cámara indicó que, tras los procedimientos y lo secuestrado, “todas las cartas estaban echadas sobre la mesa” por lo que no podría haber entorpecimiento en la investigación que continúa, aunque remarca que podrían haber más imputados en el análisis que sigue su curso.

El fallo no cayó del todo bien para la comunidad de la Cuenca Carbonífera. Un estanciero se contactó con La Opinión Austral y mostró su enojo: “la verdad que pierde sentido todo, después nos preguntamos porque estamos así, la cantidad de pruebas que metió el fiscal, me pregunto una sola cosa ¿los chilenos se estarán cagando de risa? Somos deplorables” aseveró sobre la distinta situación que se vive del otro lado de la Cordillera donde siete personas tienen preventiva -por lo menos- hasta mediados de enero, estarán detenidos.

Julio Zarate, fiscal federal de Río Gallegos, a cargo de la investigación del megaoperativo Alianza Austral.

Ahora bien, ¿Quién es el juez que tomó la polémica decisión? Javier María Leal Ibarra es un magistrado de 64 años de edad que se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la UBA.

Actualmente es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia –en la actualidad Presidente del Tribunal-, cargo obtenido a través del procedimiento de selección por concurso público, tal como lo indica su currículum.

Igualmente es más conocido por haber subrogado el Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz, cuando las fuerzas de seguridad mostraban su descontento por el retraso para disponer allanamientos por causas de drogas y otros delitos.

Incluso, fue uno de los señalados como un juez disidente que hizo “retrasar” las averiguaciones para encontrar el camino de Justicia y Verdad por la muerte de Santiago Maldonado en un contexto de represión estatal, cuando fue encontrado en las aguas del Río Chubut en el año 2018.

El fallo al que accedió La Opinión Austral

Más cerca en el tiempo, Leal de Ibarra quedó en el centro de la tormenta, luego que Cristina Fernández de Kirchner denunció que habían “cajoneado” causas de escuchas ilegales durante el macrismo y, como “premio”, entre ellos, se encontraba el polémico juez, quien era responsable de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO).

El fallo completo al que accedió La Opinión Austral

Leé más notas de La Opinión Austral