Megacausa por contrabando: todos los imputados quedaron libres

Este jueves, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia determinó que Marcelo Horacio Gasparini, Pablo José Toledo, Maximiliano Guillermo Toledo, Pedro Adolfo Toledo Oyarzun y Omar Estanislao Schulmaeister, los cinco imputados en la causa “Alianza Austral“, una de los golpes al contrabando que ha dejado mella en la sociedad, tras conocerse los montos en los que más de 20 personas intercambiaban bienes del lado argentino al chileno y viceversa.

En el documento al que tuvo acceso La Opinión Austral, los jueces de cámara, Dres. Javier M. Leal de Ibarra y Aldo Suárez, revocaron parcialmente la prisión preventiva de los acusados por considerar que no hay riesgo de fuga y ordenaron que queden libres.

“Juzgamos que Marcelo Horacio Gasparini, Pablo José Toledo, Maximiliano Guillermo Toledo, Pedro Adolfo Toledo Oyarzun y Omar Estanislao Schulmaeister van a aceptar de buena gana permanecer sin mayores inconvenientes en las localidades donde tienen arraigo, sin evadir el accionar de la justicia”, indicaron en el fallo y señalaron que no creen que hay riesgo de entorpercer la investigación.

Asimismo se les impuso la prohibición de “ausentarse del país y de su lugar de residencia sin autorización del juzgado federal de Río Gallegos”, “la adopción inmediata de trabajo lícito” en la localidad donde fijaron residencia, evitar “contacto con cualquiera de los consortes de causa, salvo en lo que fuese evitación necesario por razones de trabajo lícito y la prohibición de acercarse a las estancias y demás lugares utilizados como pasos no habilitados para el traspaso de mercancías de Argentina a Chile y viceversa.

Gasparini (41), los hermanos Pablo José (32) y Maximiliano Guillermo Toledo (34),  Pedro Adolfo Toledo Oyarzun (36) están imputados por ser coautores de los delitos de asociación ilícita agravada por sus calidades de jefes de la organización, en concurso real con contrabando agravado reiterado y lavado de activos de origen ilícito agravado. En tanto que  Omar Estanislao Schulmaeister (68) es acusado de ser coautor de los delitos de asociación ilícita, en concurso real con contrabando agravado y lavado de activos de origen ilícito agravado.

El caso

La banda está imputada por contrabando de mercaderías (cigarrillos –egreso hacia Chile-, cubiertas –ingreso desde Chile-, divisas y/o dinero), estupefacientes y lavado de activos, además de trata de personas y/o tráfico migratorio.

La hipótesis marca que “operaban en pasos fronterizos no habilitados” en 28 de Noviembre y Río Turbio y que usaban las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz y Bahía Blanca como base. Por otro lado, el contrabando se verificó en las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas (Chile).

El tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización. Estos lugares, mayormente zonas inhóspitas y de campo abierto, están ubicados a escasos kilómetros de la ruta nacional 9 de Chile.

“En aquellas zonas se transaccionaban las mercaderías ilícitas, que eran abonadas en dólares y cheques. Para poder llevar a cabo las operatorias ilícitas, la organización contaba con recursos propios, empresas de transporte, rodados de gran y mediano porte, diversos socios asentados en varias localidades y un importante poder logístico. En ese sentido, se detectó la emisión de facturas apócrifas por parte de la organización, a través de empresas en las cuales también se canalizarían los ingresos ilícitamente obtenidos”, se advirtió.

Además, se destacó que con las ganancias ilícitas de estas operaciones, los integrantes de la banda incrementaron su patrimonio comprando “vehículos de alta gama, camiones, vehículos de transporte de pasajeros, propiedades y negocios comerciales, como drugstores, bares, locales bailables, madereras y carnicerías, entre otros”.

La organización

A los cuatro “cabecillas” de la banda y a los detenidos en Chile se le suma un grupo extenso de colaboradores en 28 de Noviembre y además el auxilio de miembros de las fuerzas de seguridad.

“La organización que operaba en la Argentina estaba constituida por dos subgrupos -distinguidos por la existencia de un vínculo familiar– y por otras personas que, si bien no pueden ser asignadas a un grupo en particular, intervenían en la organización y participaban de las maniobras ilícitas desplegadas”, marcó la página oficial del Ministerio Público Fiscal.

Por lo tanto, además de los líderes de ambos grupos, había muchos subordinados que ejecutaban diversas maniobras. Cada uno con un rol determinado. Entre otros, intervinieron: administradores de estancias en las que se apostan pasos no habilitados a Chile, transportistas, miembros de la Gendarmería Nacional, intermediarios y contadores que proveían de un andamiaje adecuado, con estructuras propicias para el ingreso al circuito legal de fondos de origen espurio, a través de la utilización de personas jurídicas que posibilitan el financiamiento de la organización.

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