Detalles exclusivos: por qué anularon las indagatorias en la causa de contrabando Alianza Austral

Una historia que parece sacada de una plataforma de streaming. Casi cincuenta personas, argentinas y chilenas involucradas en un entramado ilegal para contrabandear bienes de un lado y de la Cordillera.

Un imperio que estaba creciendo por el límite de la Cordillera de los Andes con varios cabecillas de la banda que, con ansías de poder, comenzaron a comprar terrenos de la zona en busca de nuevos pasos para poder intercambiar bienes de manera ilegal y, luego, con una ingeniería casi sin precedentes, colocaban el dinero espurio en el curso legal para no ser detectados.

Se trata de Alianza Austral, la causa que es seguida por La Opinión Austral desde el día uno, que llegó a ser tapa de varios diarios de la zona y que salió a la luz en agosto del 2023 cuando se hizo un megaoperativo tanto en Chile como en Argentina.

Tal como lo informó este diario, la banda traía bienes desde Buenos Aires (cigarrilos, armas de fuego y hasta drogas), los acopiaban en San Martín de Los Andes, en Bahía Blanca, San Julián y en depósitos en las localidades de la Cuenca Carbonífera.

Precisamente desde la ciudad de 28 de Noviembre era el último lugar que lo contrabandeado estaba en suelo argentino, luego eran pasados por un paso ilegal cercano a Puerto Natales sin ser advertido por los agentes aduaneros.

De la misma manera pero a la inversa, desde Chile otros integrantes de la banda ingresaban cubiertas de autos para ser comercializadas de este lado de la cordillera.

Como fruto de esas actividades ilícitas, ellos obtenían dinero pero debían tener una ingeniería donde los contadores jugarían un rol fundamental. Tanto en Puerto Natales como en Río Gallegos, estos profesionales fueron señalados como los encargados de generar empresas fantasmas para hacer que la plata sea “lavada” y puesta en curso nuevamente.

Durante más de un año y medio, la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate, -con anuencia del Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de Claudio Vázquez- había trabajado codo a codo con el Fiscal General de Magallanes, Cristian Crisosto para poder atrapar a la banda antes de los 49 allanamientos que se hicieron en la jornada del 23 de agosto.

En Santa Cruz, fueron cinco las personas que habían quedado detenidas: Marcelo Gasparini, Pedro Toledo, Pablo Toledo, Maximiliano Toledo y Omar Schulmaeister, los primeros procesados por “asociación ilícita agravada por sus calidades de jefes de la organización, en concurso real con contrabando agravado reiterado y lavado de activos de origen ilícito agravado” mientras que el último solo como coautor de esos delitos.

En un fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, tribunal pruripersonal presidido por Javier María Leal de Ibarra, junto a Aldo Suárez. La resolución remarcó que, por ejemplo, Gasparini había presentado ante la Cámara de Comodoro documentación apócrifa intentando justificar la procedencia de lo que quedó acreditado como mercadería traficada. Pese a eso, los jueces firmaron que los imputados “aceptarían de buena gana” el fallo y fueron liberados en septiembre del año pasado.

Los acusados se encuentran en libertad y, entre diciembre y febrero, la causa tuvo algunos traspiés. “Dictaron la nulidad de todo“, aseguró Sandro Levin, defensor de uno de los acusados, a este periodista apenas a horas de que comenzará el 2024.

Es que el 21 de diciembre, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia declaró la nulidad de las indagatorias a los  que, en ese momento, estuvieron detenidos. Pero, ¿por qué? según pudo saber este diario, Leal de Ibarra había contemplado que no se respetó el principio de congruencia entre la investigación, la prueba, las indagatorias ni el procesamiento. En el mismo sentido, el principio de legalidad y las garantías de los acusados estaba siendo afectado.

Esta semana hubo novedades, es que el Juzgado Federal a cargo de Claudio Vázquez se expidió, tanto sobre esa resolución como otras cuestiones solicitadas.

De acuerdo al fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral de manera exclusiva, se pudo saber que no se trató solamente del planteo por las indagatorias, sino que las pruebas, tales como las “escuchas telefónicas” son solamente indiciarias no directas para poder llegar a ser usadas en un eventual debate de valoración de pruebas.

En el mismo sentido con el fin de que no caiga de forma definitiva la causa por el posible planteo de la teoría del fruto del árbol envenenado, el magistrado debió retroceder y, tal como dijo en su resolución, “que este estado de situación me conmina a efectuar una revisión integral del camino seguido por la instrucción; particularmente en lo que respecta a las actuaciones posteriores a las diligencias de allanamiento” con el fin de sanear el procedimiento.

De esta manera, Vázquez dio conocimiento de lo resuelto a la Fiscalía Federal y a la Cámara Federal de Apelaciones, dejando sin efecto los embargos por 500 millones de pesos que pesaban sobre los acusados.

Escuchas

Existe otra prueba que está siendo analizada por la Justicia y es a raíz de una denuncia presentada por una de las defensas y es por un procedimiento que sería ilegal: Gendarmería Nacional utilizó un servicio que no es avalado por el Estado Argentino.

Es la “empresa” Sudamerican Data que ya ha sido cuestionada en el pasado por ser usaba para escuchas ilegales. Se trata de una página web que utilizaban las fuerzas de seguridad para espiar a jueces y que no se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos y que afecta al Estado de Derecho.

Según el planteo, este sistema fue utilizado por la GNA en “Alianza Austral” y podría ser la estocada final para que la causa se extinga