Your browser doesn’t support HTML5 audio
El proceso judicial que investiga uno de los episodios de mayor gravedad institucional de los últimos años en la Cuenca Carbonífera entra en su fase de definición. Este miércoles, cerca del mediodía, el tribunal de la Cámara en lo Criminal de Río Gallegos dará a conocer la sentencia formal contra los tres hombres juzgados por la desaparición de 45 armas de fuego del depósito del Juzgado de Río Turbio.
El caso, que salió a la luz en diciembre de 2024 tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, dejó al descubierto la vulneración de los sistemas de custodia de pruebas judiciales y la posterior circulación de armamento en el mercado informal.
La expectativa de la jornada estará centrada en el recinto de la Cámara Oral, donde los jueces María Alejandra Vila, Enrique Arenillas y Yamila Bórquez darán lectura al veredicto. La audiencia previa de alegatos, desarrollada desde pasadas las 14 horas del pasado miércoles, expuso dos posturas diametralmente opuestas: por un lado, una fiscalía firme en su pedido de condenas con prisión efectiva; por el otro, tres defensas técnicas que argumentaron serias falencias probatorias y demandaron la absolución e inmediata libertad de los procesados.
Tal como lo informó La Opinión Austral, durante la exposición del Ministerio Público Fiscal, la fiscal de Cámara Verónica Zuvic reconstruyó la maniobra delictiva y detalló el rol que le cupo a cada uno de los involucrados. En el banquillo de los acusados se encuentran Brian Cabana, Rodrigo Sánchez Maldonado y Jorge Francisco Muñoz. Este último, quien al momento de los hechos se desempeñaba como empleado de maestranza en la sede judicial rioturbiense, aparece señalado como el eslabón clave para vulnerar el recinto blindado donde se resguardaban las evidencias de diversas causas penales.
“Muñoz sacó las armas y las hacía circular, Cabana las hacía circular, Sánchez Maldonado recibió un arma y entregó otra”, sentenció la fiscal Zuvic al sintetizar la hipótesis acusatoria ante los magistrados. La representante de la vindicta pública remarcó que, a diferencia del operario de maestranza, Cabana y Sánchez Maldonado no poseían acceso físico al depósito del juzgado.
No obstante, articuló que su intervención resultó determinante en la etapa posterior, facilitando el volcado de dicho armamento hacia la órbita de particulares a cambio de retribuciones económicas y comisiones.
Un punto sustancial esgrimido por la fiscalía radicó en los elementos incautados durante los allanamientos concretados en las viviendas de los imputados. En dichos registros, las fuerzas de seguridad lograron recuperar no solo armamento de fuego, sino también los sobres de resguardo propios del juzgado que aún conservaban los rotulados y epígrafes oficiales de las causas judiciales de origen.
Ante este cuadro, la fiscal solicitó la pena de seis años de prisión para Jorge Francisco Muñoz bajo los cargos de sustracción de objetos custodiados en concurso real con provisión ilegal de armas. En tanto, para Brian Cabana requirió cinco años de cárcel, mientras que para Rodrigo Sánchez Maldonado –a quien se le retiró el agravante de habitualidad– solicitó la pena de dos años y seis meses de prisión efectiva.
A su turno, los abogados defensores salieron al cruce de la tesis fiscal solicitando la absolución lisa y llana de los tres detenidos. El letrado Emin Charif Sat, representante legal de Muñoz, arremetió contra la instrucción preventiva al denunciar una “indeterminación imputativa” y señalar la falta de certezas sobre el modo en que se concretó el atraco.
En ese punto, la defensa remarcó la inexistencia de huellas dactilares o registros de cámaras de videovigilancia que ubiquen al trabajador de maestranza dentro del depósito en las fechas señaladas.
Por su parte, los abogados Daniel Albornoz y Sandro Levin, en representación de Sánchez Maldonado, argumentaron que durante el debate oral ningún testimonio logró acreditar que su asistido haya entregado armas de fuego en la modalidad sostenida por la fiscalía.
Como planteo principal exigieron la absolución, mientras que de manera subsidiaria solicitaron una pena menor de un año y diez meses de prisión, pidiendo que se la dé por cumplida por el tiempo que su representado lleva bajo detención cautelar para ordenar su inmediata puesta en libertad.
La situación de Brian Cabana también fue objeto de un extenso cuestionamiento por parte de sus abogados, César Antonio Guzmán y Joel Vallejos, quienes solicitaron su absolución y su inmediata libertad.
La defensa centró una parte importante de su alegato en la legalidad de los procedimientos realizados durante la investigación. En particular, pidió la nulidad de la declaración indagatoria y del allanamiento efectuado el 7 de diciembre de 2024 en el domicilio del acusado.
Con los tres imputados alojados en dependencias policiales a la espera del fallo, la resolución que dicte este miércoles el tribunal de la Cámara Oral determinará la responsabilidad penal de los acusados y también sentará un precedente sobre la custodia de los elementos de prueba en los tribunales santacruceños
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia