Un hecho de extrema gravedad se juzga en la Cámara Oral de Río Gallegos: tres hombres están acusados de apoderarse de casi cincuenta armas del depósito de un Juzgado de Santa Cruz. La causa, que generó un escándalo en la Cuenca Carbonífera, surgió tras el operativo “Empleado Infiel” ejecutado por la Policía provincial a fines de 2024.
Los acusados son Brian Cabana, Rodrigo Sánchez Maldonado y Jorge Francisco Muñoz. Los dos primeros afrontan cargos por provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad. Muñoz, en tanto, está acusado por sustracción de objetos custodiados en concurso real con el mismo delito.
Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que, según el Código Penal, Muñoz podría recibir hasta quince años de prisión si se mantienen la calificación y los agravantes. El caso se remonta a principios de diciembre de 2024, cuando se ejecutó un megaoperativo tras detectar la falta de armamento en el Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Turbio.
La jueza Bettina Bustos ordenó los procedimientos tras recibir informes administrativos de la Policía. En aquel momento, además de Muñoz -trabajador de maestranza judicial-, Sánchez Maldonado y Cabana, fueron demoradas otras personas, entre ellas un exagente policial de apellido Álvarez, señalado como integrante de la banda dedicada a la venta clandestina.
El juicio comenzó este martes cerca de las diez de la mañana. El tribunal estuvo presidido por María Alejandra Vila, acompañada por los vocales subrogantes Enrique Arenillas y Yamila Borquez.
La fiscal Verónica Zuvic sostuvo la acusación del Ministerio Público. En cuanto a las defensas, Cabana fue asistido por César Antonio Guzmán y Joel Vallejos; Sánchez Maldonado, por Sandro Levin Dumenes y Daniel Albornoz; y Muñoz presenció la audiencia de forma virtual desde Río Turbio, representado por Emin Charif Sat, de la Defensoría Oficial.
El debate
Cabana, apodado “Pupi”, vestía atuendo de campo: ingresó esposado al recinto de Malaspina 41 con mirada firme, luciendo alpargatas, bombacha de campo y una camisa azul con la estampa del Gauchito Gil. Tras ser desposado, se ubicó detrás de sus abogados. En paralelo ingresó Sánchez Maldonado, quien, a diferencia de su coimputado, se mostró visiblemente conmovido y al borde del llanto.
Según consta en la acusación fiscal adelantada por laopinionaustral.com.ar, el 30 de noviembre de 2024 Roque Víctor Muñoz envió un audio de WhatsApp a su sobrino, el comisario Pedro Conti, alertando sobre las maniobras en el juzgado. La frase incorporada a la causa fue contundente: “Jorge sigue sacando las armas del juzgado”.
En esa misma comunicación, según se expuso durante el debate, también se identificó a “Pupi” como quien comercializaba parte del armamento. La fiscalía sostuvo que, al día siguiente, el padre de Muñoz envió otro mensaje con información adicional sobre el presunto circuito de venta.
El relevamiento del depósito judicial permitió dimensionar la magnitud del caso. Según expuso la fiscalía, el inventario realizado el 26 de diciembre de 2024 reveló un faltante de 45 armas de fuego bajo custodia de la Justicia.
El dato modificó el alcance de una investigación iniciada por posibles ventas ilegales. Ya no se trataba solo de establecer quién ofrecía pistolas por redes sociales, sino de reconstruir cómo fue posible retirar reiteradamente armamento secuestrado en causas penales de un depósito judicial y qué controles fallaron para que esos elementos terminaran en manos de particulares. La acusación sostiene que los imputados aprovecharon sus vínculos laborales con el Poder Judicial para acceder al sector de custodia de pruebas.
Desde allí habrían sustraído armas cortas y largas de distintos calibres, además de municiones. La hipótesis fiscal señala que, fuera del ámbito judicial, el armamento era distribuido entre los involucrados y comercializado ilegalmente de forma habitual. Antes del inicio del debate, las defensas mostraron sus cartas para intentar anular la causa.
Vallejos y Guzmán adelantaron que pedirán la nulidad de los allanamientos y de la intervención de la jueza Bettina Bustos. Al respecto, Zuvic sostuvo que la magistrada “hizo lo que debía hacer” antes de excusarse el 17 de diciembre -días después de los allanamientos- y ceder la causa al juez subrogante Fernando Zanetta. “Los actos son válidos, (el Juzgado de) Recursos dio el ok, no hubo invalidez”, afirmó tajante Zuvic ante el tribunal.
Indagatorias Cabana fue el único acusado que dio su versión este martes. El imputado negó tener vínculos con Muñoz: “Solo lo conozco de vista, porque somos del pueblo”, declaró ante el tribunal. En otro tramo lanzó una grave acusación contra la primera jueza de la causa: “Bustos me metió en esto; cuando me indagó me preguntaba ‘¿quién más está en esto?’ y mi declaración estaba cambiada. No sé por qué estoy detenido”. Agregó que, durante el allanamiento, los efectivos “se portaron muy mal” con su pareja.
El testimonio de Cabana fue breve y concluyó de manera abrupta cuando, al verse acorralado por preguntas personales, decidió interrumpir su alocución para regresar junto a sus abogados. Sánchez Maldonado optó por no declarar, por lo que se dio lectura a la indagatoria prestada en la etapa de instrucción. La secretaria Gabriela Mansilla leyó la declaración mientras el acusado permanecía visiblemente conmovido. El testimonio resulta clave para la causa: Sánchez aseguró que, semanas antes del allanamiento en su domicilio, Muñoz le había ofrecido un arma calibre .45 por unos 100 mil pesos.
Testigos
Ante la negativa de los acusados de prestar una declaración sobre los hechos imputados, se descartó el juicio abreviado e inició el desfile de testigos para reconstruir la sustracción y posterior venta del armamento. El primero en declarar fue el comisario Pedro Conti, entonces a cargo de la Comisaría de 28 de Noviembre y familiar de Muñoz.
El efectivo precisó que su tío (padre de Muñoz) le alertó vía WhatsApp: “Jorge sigue vendiendo armas del Juzgado”, adjuntando fotografías de un rifle. Conti confirmó que puso a disposición su teléfono celular para el correspondiente peritaje. Durante la primera ronda comparecieron agentes de la Policía de Santa Cruz, pertenecientes a la Comisaría local y a la DDI Cuenca Carbonífera.
Los efectivos coincidieron en el origen de las actuaciones: la detección de un estado de WhatsApp donde se ofrecía un rifle a la venta. Tras el hallazgo, se confeccionó un informe administrativo detallando la irregularidad con el arma de fuego. Uno de los policías rozó el falso testimonio ante las preguntas de la fiscal Verónica Zuvic, quien debió recordarle que declaraba bajo juramento tras advertir inconsistencias en su relato.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de un compañero de Muñoz en el Juzgado de Instrucción. Declaró que, al día siguiente de los allanamientos, la magistrada a cargo le informó la detención del imputado, noticia que recibió con impacto: “¿En qué momento? ¿Por qué?”, recordó haber pensado, remarcando que no comprendía lo sucedido ya que “siempre andaban juntos”.
Lo que viene
Para la tarde de este miércoles se prevé la formulación de los alegatos y pedidos de pena. Tras la jornada inicial, se estima que la Fiscalía sostendrá la acusación y solicitará sanciones acordes a las responsabilidades y circunstancias de cada imputado. Por su parte, las defensas solicitarán la absolución alegando la nulidad de los procedimientos, la invalidez de la actuación de Bustos en la etapa de instrucción o la falta de certeza para quebrantar el estado de inocencia de sus representados.
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