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La megacausa de presunto contrabando entre Argentina y Chile sumó un nuevo episodio esta semana cuando se supo que hubo una resolución, en la que la Justicia Federal daba marcha atrás, respecto de algunos planteos presentados por la defensa.
Se trata de “Alianza Austral“, la causa que demandó más de un año y medio de averiguaciones llevadas adelante por el Poder Judicial tanto del lado argentino como del trasandino y por el que un gran número de personas quedó -en un primer momento- tras las rejas.
Esta semana, de manera exclusiva, La Opinión Austral dio cuenta del fallo de Claudio Vázquez, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, quien reculó en sus resoluciones tras lo resuelto por la Cámara de Comodoro, en torno a una serie de presentaciones realizadas por los abogados defensores de los acusados.
Los acusados son Marcelo Horacio Gasparini, Pablo José Toledo, Maximiliano Guillermo Toledo, Pedro Adolfo Toledo y Omar Estanislao Schulmaeister. Ellos estuvieron un tiempo tras las rejas pero, en septiembre del año pasado, un mes después de sus detenciones recuperaron su libertad.
Actualmente, se puede decir que la causa volvió a “foja cero“, ya que la Justicia entendió que se violaron algunos derechos y garantías de los presuntos integrantes de la banda como, por ejemplo, que nunca se encuadraron legalmente los delitos, los plazos nunca fueron determinados y hasta se violó el derecho a la intimidad.
En consecuencia, Sandro Levin, abogado de Gasparini, señalado como uno los presuntos “cabecillas” de la banda fue entrevistado en LU12 AM680 para dar sus percepciones tras el último fallo de Vázquez. “Desde un primer momento advertimos que hubo una serie de irregularidades y nulidades, tanto desde el momento del inicio de la investigación como de la indagatoria” comenzó diciendo el abogado.
En ese sentido, remarcó que “una de las grandes nulidades que planteó esta defensa, es que cuando se tomó indagatoria, y esto fue apelado por las defensas e incluso la Cámara de Comodoro revocó esos procesamientos que suscribió Vázquez, fue algo que nos llamó la atención: las escuchas telefónicas. Es que esas escuchas databan de más de un año y medio, que es grave, no se puede estar escuchando un año y medio a una persona”.
Levin fundamentó diciendo que el largo lapso en el tiempo de las escuchas viola el “principio de proporcionalidad y racionalidad” y lo ratificó diciendo que la “Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que es un tema muy sensible y es excepcional, porque viola el derecho a la intimidad de las personas investigadas y hasta de terceros”.
Ennumerando otro punto, el abogado expresó que a su cliente “cuando lo indagaron, se le hizo una imputación indeterminada. No era concreta. Cuando se acusa a alguien tiene que ser una imputación certera para que la persona pueda ejercer su derecho a la defensa”.
Levin fue tajante e indicó que: “para nosotros no existió el delito, no entendemos porque hubo tanta repercusión y los hechos que se les imputaban, el lavado de activos y el contrabando son cuestiones que tienen que estar determinadas”.
El representante legal además habló del “parate económico que hubo en la Cuenca Carbonífera” que hubo en su momento tras las detenciones. “Del lado chileno venían a comprar mercadería y el que vende acá desconoce que puede hacer un cliente cuando compra acá y si después lo vende o no en Chile. Eso debe probar la Justicia y no lo hizo” expresó.
“Ahora hay que tiene miedo. Todo el mundo dejó de aceptar plata chilena y no quería vender a ciudadanos de Chile porque no sabían si los podían acusar por acusar alguna ley por un presunto lavado de dinero”, aseveró el abogado sobre el humor social en la Cuenca.
Levin reflexionó sobre la llamada “mega causa” y dijo: “como defensores creemos que se maximizó la investigación que se llevó adelante. Veremos que hará el juzgado de acá en adelante, desde el primer momento advertimos que era una causa nula”.
Por último, el abogado indicó que no descartan iniciar acciones legales debido al perjuicio económico de su cliente. “Esto afectó al patrimonio de nuestro cliente y a su honorabilidad; además de las pérdidas económicas como comerciante”
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