40.000 millones de dólares en cobre y las expectativas sobre el futuro de la minería

El viento zonda, fenómeno climático tan sanjuanino como la cordillera que lo origina, dejó sin querer la metáfora perfecta para un sector que vive su momento de mayor optimismo y todavía no tiene resueltas algunas cuestiones elementales.

El miércoles a la noche, el viento se llevó árboles, volcó camiones y cortó la luz en buena parte de la ciudad de San Juan. La feria de la Expo San Juan Minera 2026, organizada por Panorama Minero en la capital cuyana, quedó convertida en un campo de lonas arrancadas y estructuras tumbadas. La organización trabajó toda la noche y más y logró reiniciar en la segunda jornada arrancó con apenas dos horas de retraso.

No hubo necesidad de suspender el Argentina Cobre Sessions, prevista a realizarse en el interior del Velódromo Vicente Chancay donde se habían montado un extenso escenario con pantallas gigantes. En ese marco, directivos de empresas con proyectos en la provincia expusieron las cifras de inversión más grandes que el sector minero argentino haya escuchado en su historia.

El cobre promete más de 40.000 millones de dólares en la próxima década, las exportaciones del sector podrían superar los 20.000 millones de dólares anuales a partir de 2035, partiendo de los 4.000 millones actuales.

Pero los mismos días que se discutían estos números, un camino clave para Vicuña, que es el mayor proyecto cuprífero del país, estuvo bloqueado por una disputa judicial con la provincia de La Rioja, la red eléctrica de la ciudad colapsó ante la tormenta de viento, y el gremio de los trabajadores mineros no pudo entrar a la reunión política más importante del año para el sector. La tensión entre la escala de lo que se anuncia y la fragilidad de lo que existe no necesitó de ninguna metáfora: se presentó sola.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llegó a San Juan el 7 de mayo, Día de la Minería, para presidir el lanzamiento de la Mesa Federal Minera junto al secretario de minería Luis Lucero, a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; Catamarca, Raúl Jalil; Jujuy, Carlos Sadir; Mendoza, Alfredo Cornejo; Córdoba, Martín Llaryora; y Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La comitiva nacional completó el cuadro: el ministro del Interior Diego Santilli, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem.

Entre las ausencias, la más llamativa fue la de Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. La provincia patagónica es hoy la primera exportadora de metales del país, posición que se sostiene, principalmente, por la mina Cerro Negro. Pero sin proyectos nuevos en carpeta con la escala de los que se anunciaron en San Juan, ese liderazgo tiene los días contados.

En términos de representación política, de la reunión se sacó una foto sin precedentes para el sector, posible en buena medida por la gestión de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya conducción trabajó para concretar la presencia de Karina Milei. Y el tono del encuentro estuvo a la altura de esa foto: celebratorio.

La hermana del presidente destacó que la Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. “Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, apuntó en la reunión privada a la que accedieron gobernadores, ministros provinciales, directivos de empresas y algunos sindicalistas.

En su turno, el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, la coyuntura tiene coordenadas precisas: “En los últimos años la Argentina logró tres hitos que posibilitaron que la minería se encuentre en un momento bisagra para su desarrollo: ordenamiento macroeconómico, la puesta en marcha del RIGI y la modificación de la ley de Glaciares”. Y trazó el paso siguiente: “Esto generó un escenario ideal para la llegada de inversiones y nuevos proyectos. Ahora es tiempo de la gente y del empleo. Esos son los objetivos que siguen en este camino”.

El mensaje oficial de la Mesa subrayó el ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica como condiciones para atraer inversiones. Lo que no se discutió fue un cronograma de infraestructura, un plan de desarrollo laboral o una hoja de ruta para los proveedores locales. El encuentro dejó en claro que el marco normativo está mejorando. Lo que sigue después de ese marco quedó, por ahora, librado a que las cosas decanten.

La ausencia más elocuente fue de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), el gremio que representa a los trabajadores mineros. El delegado Héctor Laplace había sido invitado al acto, pero llegó después de Karina Milei. El protocolo de seguridad de Presidencia de la Nación, extremadamente estricto, impidió su ingreso.

Tres proyectos, una misma pregunta

Los tres proyectos cupríferos más avanzados de San Juan compartieron escenario en las Argentina Copper Sessions y, más allá de sus diferencias de escala y modelo productivo, convergieron en un mismo diagnóstico: las condiciones normativas mejoraron, el capital está disponible, pero la infraestructura y el empleo son los cuellos de botella pendientes.

Vicuña, el megaproyecto que requiere 18.000 millones de dólares para su construcción, bajo operación conjunta de BHP y Lundin Mining, llegó al evento con una demostración involuntaria de esa fragilidad. Durante dos semanas, una medida judicial le había impedido usar una traza vial en territorio riojano, paralizando parte de su operación logística. El día del evento, la orden se levantó. “Nuestros equipos evaluarán la carretera mañana para determinar su estado”, dijo Ron Hochstein, CEO del proyecto.

Glencore, con su proyecto Pachón y el puente productivo que representa la reapertura de Alumbrera para 2028, fue quien planteó el debate más directo sobre infraestructura. Su CEO, Martín Pérez de Solay, dijo que las mineras no deben financiarla. “Los retornos de la infraestructura son más bajos que los de la minería. Usar capital con riesgo minero en infraestructura es mal uso del capital”, argumentó. La solución, según su visión, pasa por que las empresas pongan la demanda y los contratos de uso sobre la mesa, para que quienes saben construir lo hagan a tasas competitivas. Pachón tiene más de seis millones de toneladas de recurso y más de 70 años de producción proyectada.

Los Azules, en cambio, tomó una posición diferente sobre el financiamiento de infraestructura. Michael Meding, su CEO y vicepresidente de McEwen Copper, sostuvo que las empresas deben participar e invertir porque el Estado no tiene fondos suficientes para hacerlo solo. El proyecto, el único hasta el momento con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado, busca financiamiento por 4.000 millones de dólares y ya presentó propuestas de infraestructura eléctrica compartida con otros proyectos de la provincia. “Cuando invertimos en energía, hacemos más confiable el sistema para todos los sanjuaninos”, señaló. El proyecto prevé una producción anual de 148.200 toneladas de cátodos de cobre durante 21 años.

Lo que viene: diez veces Veladero

La nueva conducción de la Cámara Minera de San Juan se presentó formalmente en el evento. José Morea, Country Director de Vicuña Corp, y Marcelo Álvarez, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Latinoamérica de Barrick Mining, delinearon una institución que deberá estar a la altura de una transformación sin antecedentes.

“Lo que se viene es diez veces más grande de lo que se conoció en San Juan con Veladero”, dijo Álvarez. No fue una celebración sino una advertencia: esa escala exige otra calidad de diálogo, otra profundidad técnica y una licencia social que, advirtió, nadie debe dar por ganada. “Que hoy exista mayor conciencia política e interés de las empresas no quiere decir que haya mayor consenso a favor de la minería. Esto es lo que tenemos que construir”, concluyó.

Morea advirtió que “el Estado provincial dejó de recibir fondos de la Nación y estresa mucho más la estrategia de infraestructura pública, porque la privada en cada proyecto avanza, pero hay un desacople que requiere una articulación de mucha apertura, transparencia y confianza”. En ese sentido, reiteró la propuesta de utilizar recursos futuros de regalías para “garantizar obras que se hagan hoy que llevan dos o tres años de producción”.