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El emblemático campo “El Entrevero”, una de las zonas más exclusivas de Uruguay, fue subastado esta semana por la justicia uruguaya, marcando el cierre de un episodio ligado al lavado de dinero en Argentina. Este terreno, que pertenecía a Lázaro Báez, condenado por adquirirlo con fondos de origen ilícito, fue adquirido por Eduardo Costantini y Adolfo Cambiaso por una cifra que superó ampliamente las expectativas iniciales: 10,8 millones de dólares.
Un remate que triplicó la base inicial
El remate, que tuvo lugar en el Hotel Jeans Clever de Punta del Este, fijó una base de 3,5 millones de dólares, pero la compulsa entre los interesados elevó la oferta hasta alcanzar los 10,8 millones. La sala estuvo colmada de potenciales compradores, quienes previamente depositaron 10.000 dólares para participar en la subasta, aunque solo un grupo reducido presentó ofertas significativas.
Finalmente, la sociedad uruguaya vinculada a Consultatio, la empresa de Costantini, resultó ganadora.
El predio subastado abarca 145 hectáreas, ubicado a ambos lados de la Ruta Nacional Nº 10, en las proximidades de José Ignacio.
La historia de “El Entrevero” se remonta a 2011, cuando el entorno de Báez utilizó varias sociedades y testaferros para adquirir la propiedad y ocultar el origen de los fondos. Durante el juicio por la causa conocida como “la ruta del dinero K”, la justicia comprobó que el dinero provenía de sobreprecios en obras públicas y otras maniobras ilícitas.
Según datos del juicio que condenó al empresario kirchnerista, la compra original en 2011 costó 14 millones de dólares, aunque en su momento el valor real del predio, según los expertos, era por lo menos tres veces menor. Además, Leonardo Fariña, quien declaró como arrepentido, afirmó que la suma real superó los 16 millones.
“Todos los imputados conocían que el inversor era Lázaro Báez. Molinari no tuvo participación. Claramente se está utilizando su figura para justificar mi relación con Báez y las demás personas”, dijo Fariña cuando le tocó hablar en el juicio.
Además, reveló que “según la escritura se pagaron 14.109.340 dólares, pero si sumamos lo que no aparece en los papeles llegamos a 16 millones de dólares. A mí me dijeron que el campo valía 16 o 16,5 millones”, sostuvo en el juicio.
Fariña contó que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando se distanció de Báez, en abril de 2011, el campo quedó a nombre de otra sociedad denominada Jumey SA, presidida por el contador Daniel Pérez Gadín.
El Tribunal Oral Federal Nº 4 condenó a Báez a 4 años y medio de prisión por lavado de activos agravado, en un fallo que también incluyó a Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco.
En tanto que la propiedad fue decomisada por disposición del Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2° turno de Montevideo y se remató en favor de la Junta Nacional de Drogas (JND), que autorizó la subasta.
El reclamo argentino por los 10 millones
La venta de “El Entrevero” también abrió un capítulo diplomático y judicial entre Argentina y Uruguay. La Justicia argentina, junto con la Unidad de Información Financiera (UIF), busca reclamar parte de los 10,8 millones obtenidos en el remate. Estos fondos, sostienen, corresponden a dinero público argentino que fue desviado en maniobras corruptas y luego blanqueado en Uruguay.
“El campo ‘El Entrevero’ representa el producto de un delito investigado y juzgado en Argentina, donde la víctima es el Estado argentino”, señaló Mariano Federici, ex titular de la UIF. Además, destacó que ambos países firmaron en 2019 un acuerdo para la disposición de bienes decomisados, lo que debería facilitar la recuperación parcial de los activos por parte de Argentina.
En este contexto, el actual titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, está trabajando en coordinación con la Cancillería argentina para formalizar el reclamo. Fuentes judiciales indicaron que el caso “es un testigo clave de cooperación internacional en bienes decomisados”.
El plan de Costantini y Cambiaso
Costantini, reconocido desarrollador y fundador de Nordelta, confirmó que el terreno tiene un enorme potencial. “Es un terreno con 415 metros de frente y doble salida. Ya funcionaba un club de polo, y la idea es redoblar la apuesta”, explicó al medio La Nación.
Costantini y Cambiaso trabajan en el desarrollo de un ambicioso proyecto que combinará polo y turismo de lujo. Este movimiento consolida la apuesta del empresario por Uruguay, donde también adquirió recientemente 141 hectáreas en Carrasco, Montevideo, para otro desarrollo inmobiliario.
Además, mencionó que el cambio en la regulación para la inmigración de caballos posiciona a Uruguay como un futuro centro de referencia internacional para el polo, similar a Palm Beach. Cambiaso, una de las figuras más destacadas del polo mundial, participará en el proyecto, que promete ser un nuevo punto de encuentro para este deporte en la región.
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