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Este martes comenzó en Río Gallegos el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, la tragedia naval que provocó la muerte de 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017. La audiencia se desarrolla en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, sobre la esquina de Kirchner y San Martín de Río Gallegos, bajo la presidencia del juez Mario Reynaldi.
En la sala se encuentran los cuatro imputados. Los primeros en llegar, juntos a las 8:26 horas fueron el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, acompañados por un colaborador de la Unidad de Defensa Pública de Caleta Olivia. Minutos después llegó el capitán de navío Claudio Villamide, acompañado por su abogado Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo. En último ingresó a la sala de audiencias el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, junto con el defensor público Gastón Morillo.
“Los mandaron al muere”
Valeria Carreras, abogada querellante
Desde temprano, también esperó a que abrieran la sala, la abogada querellante, representante de 34 familiares de víctimas, Valeria Carreras, que en diálogo con La Opinión Austral, minutos antes del inicio del juicio aseguró que a los marinos “los mandaron al muere”.
“Represento a 34 familias y lo que tienen es más que expectativa, esperanza. Comparecemos ante un tribunal que nos garantiza imparcialidad y objetividad. No queremos favoritismos, queremos justicia y que se condene a los responsables”, afirmó.
Carreras fue una de las principales impulsoras de que el juicio se realizara en Río Gallegos y no en Mar del Plata o CABA, como pretendían las defensas.
La letrada planteó con firmeza la hipótesis de la querella: “Tenemos que probar que fueron 44 muertes evitables. Los mandaron al muere, los mandaron en un submarino que no estaba en condiciones operativas de seguridad”.
Según sostuvo, ya en julio de 2017 se había registrado un episodio similar con las baterías. “El submarino avisó que esto iba a ocurrir y, sin embargo, nadie los detuvo. Nadie hizo nada por ellos”, señaló.
Además, anticipó que buscarán demostrar que tampoco se actuó de manera adecuada ante la emergencia. “Las llamadas informando el incendio empezaron la noche anterior al 15 de noviembre. No fue sólo la última comunicación”, remarcó.
Por último llegó el cuerpo de fiscales encabezados por el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Gastón Franco Pruzan, acompañado por María Andrea Garmendia Orueta, fiscal de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Lucas Colla, fiscal federal interino a cargo de las sedes centralizadas de Caleta Olivia; y Julio Zárate, fiscal general interino a cargo de la unidad fiscal de Río Gallegos.
Un juicio histórico para Santa Cruz
La acusación los señala por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento, ocupaba el máximo cargo operativo de la Armada. La imputación sostiene que no debió autorizar que el submarino participara de la misión en el Atlántico Sur en las condiciones técnicas en las que se encontraba.
Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos y único desplazado de la fuerza tras el hecho, había recibido un informe con 47 desperfectos técnicos antes del último viaje. La fiscalía y la querella sostienen que, tras conocer el principio de incendio en baterías, debió ordenar que la nave navegara en superficie.
Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y responsable de mantenimiento y arsenales, enfrenta cargos por no garantizar el cumplimiento de las normas de alistamiento técnico ni activar con rapidez el Estado Mayor ante la emergencia.
Correa, exjefe del Departamento de Operaciones, recibió el primer mensaje satelital que informaba el incendio en el tanque de baterías. La acusación le atribuye haber minimizado la gravedad de la situación en las horas críticas previas al hundimiento.
El Tribunal Oral es presidido por Mario Reynaldi, y completado con el juez de Cámara de Tierra del Fuego, Luis Alberto Giménez, y Enrique Baronetto, juez de Cámara de Comodoro Rivadavia.
El juicio prevé alrededor de 100 testigos, entre oficiales navales, especialistas técnicos y personal que participó en la búsqueda. También se espera que los cuatro imputados amplíen su declaración en las próximas jornadas, tal como solicitaron en la audiencia preparatoria realizada en diciembre.
Más de ocho años después del hundimiento del ARA San Juan, la Justicia federal comienza a analizar en juicio oral la actuación de la cadena de mando de la Armada. Las 44 familias siguen cada instancia con la expectativa de que el proceso determine responsabilidades penales por una de las mayores tragedias navales de la historia argentina reciente.
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