Cuando Cepernic peleó con Perón por la estancia que ahora “compró” un magnate chileno

La memoria colectiva es un abrigo para que el presente nos permita construir un futuro mejor pero es dificil saber realmente en qué casos se aplica en Santa Cruz o cuáles son los pactos que sostenemos como sociedad y que nos habilitaron a discutir realmente qué, si por ejemplo, todavía hoy, a cuarenta años de democracia ininterrumpida, cuesta para muchos admitir lo que pasó acá durante la dictadura cívico militar. Porque ahí llegamos de una manera muy distinta a la mayoría de las provincias. Llegamos con una violencia política de la que se habla poco, con intervención federal y después de haber depuesto a un gobernador sencillamente excepcional.

Cuando se habla de Jorge Cepernic se piensa en las represas sobre el río Santa Cruz. La referencia es inevitable porque hoy una de ellas lleva su nombre, después del proceso de borrado que estableció el gobierno de la alianza neoliberal cambiemos, que la rebautizó como Cóndor Cliff.

Nacido en Río Gallegos, Cepernic asumió como gobernador de Santa Cruz el 25 de mayo de 1973, sacando el 50,17% de los votos (12,137 electores). Era un tipo de izquierda, peronista con profundo amor por su tierra, conocía sus injusticias, las denunciaba y por eso quería reparar y, para eso, puso los ojos sobre los enormes latifundios de los que se habían hecho las empresas extranjeras, a costa de la sangre, primero de los pueblos originarios y luego de la masacre de los huelguistas fusilados.

A poco de asumir, Cepernic anunció que iba a trabajar en un proyecto para expropiar las tierras que estaban en manos extranjeras, para fomentar la agricultura en beneficio de los santacruceños y santacruceñas. No era algo nuevo, ya había hablado de esto en la campaña electoral, una vez que los muchachos de la juventud peronista bendijieron la formula con el peronista ortodoxo Eulalio Encalada.

En uno de los libros más relevantes de Santa Cruz, “Los días de Cépernic, una historia de peronismo en Santa Cruz” de Miguel Auzoberria, se muestra de dónde vino el vinculo del militante con la tierra. Había trabajado en la estancia Chank-Aike, haciendo la esquila con su padre.

El gobernador iba a recuperar para el Estado la estancia El Cóndor, que estaba a manos de The Patagonian Sheep Farming Company Limited, pero también la estancia Coronel de The San Julián Sheep Farming Co. Lted. (José María Borrero habla bastante de ella en su “Patagonia Trágica”) y Pardo Darwin, también estaban bajo dominio de la sociedad anónima británica The Lai Aike Sheep Farming Co. Lted.

Sin embargo, -golpe de palacio de por medio a Héctor Cámpora– la vuelta de Juan Domingo Perón del exilio tras dieciocho años de proscripción, trajo una bajada de línea que de alguna manera pareció intentar una división de asuntos para muchos militantes, sencillamente indisolubles, como era la defensa de Perón a cualquier costo y la organización del justicialismo.

El general optó por poner orden, abriendo paso a un proceso oscuro para el movimiento por la persecución a quienes consideraban marxistas o, como luego los llamarían también, las fuerzas armadas al servicio del horror: subversivos.

Perón quería gobernar y no incomodar tan temprano a los sectores de poder, por eso no quiso saber nada con expropiarles tierras a los extranjeros. Y aunque era de público conocimiento el afecto que sentía por Cepernic, uno de los pocos gobernadores con línea directa al presidente, le bochó el proyecto.

Contó Osvaldo Bayer que tuvo con el gobernador un vínculo a prueba de fuego porque, entre otras cosas, Cepernic se jugó la cabeza para que pudiese filmar “La Patagonia Rebelde” en Santa Cruz, gracias a un crédito bancario que él mismo tramitó, que “una de sus primeras medidas de gobierno va a ser subdividir esos latifundios. Para eso va una delegación de diputados peronistas a hablar con Perón. Le explican el proyecto de expropiación, pero el primer mandatario lo rechazó porque no había dinero para pagar tal expropiación. El proyecto de Cepernic fracasó. Pero él ganó el concepto de ser un izquierdista. Y sería el propio Perón quien le llamó la atención, explicándole que el peronismo era una tercera fuerza. La derecha peronista también rechazó a Cepernic y este va siendo aislado cada vez más”.

Y es que cuando la oposición vio el destrato del presidente por quien Cepernic hubiese dado la vida, entendió que era un golpe durísimo porque, además, ponía al gobernador frente a la imposibilidad de cumplir una promesa electoral. Entendieron también que esa bofetada los fortalecía.

El proyecto de Cepernic hablaba de unas 650 mil hectáreas de tierras, en su gran mayoría a manos de ingleses, que en la actualidad son los que más tierras continúan ostentando bajo su dominio en Santa Cruz. La idea iba contra la corona británica porque todas las firmas las hacían con testaferros.

La justificación de la ley para que se declarasen esas tierras de utilidad pública era que recuperar El Cóndor era un asunto de soberanía, porque se trata de tierras de frontera. El mismo argumento que usó el Gobierno de Alicia Kirchner en la demanda para que el magnate chileno Maximiliano Ibáñez Bulnes devuelva esa estancia y otras dos. Sí, en esta Santa Cruz circular, medio siglo despues, volvieron a manos extrajeras.

Jorge Rulli fue un militante de la resistencia peronista que compartió con Cepernic sus días de cárcel en el penal de Magdalena, a donde lo confinó la dictadura cívico militar. Murió a comienzos de este año, pero durante años manejó un blog con sus memorias, en el que figuran relatos sobre lo que el gobernador le contó de su proyecto de expropiación. Según relata, el entonces ministro del interior, Benito Llambí, llamó a Cepernic y le aconsejó que desistiese de la idea. “Usted gobernador construya casitas y realice alguna obra pública menor, pero no se meta con los ingleses”.

Del total de diputados de la Legislatura, los diez radicales votaron en contra, en igual número que los del Frente Justicialista para la Liberación (FREJULI). Sólo cuatro votaron a favor. Un rotundo fracaso. Está claro que sucedían muchas cosas entonces, que existía violencia política que incluia armas, y una juventud peronista radicalizada también en el territorio, por lo tanto no fue la expropiación fallida lo que terminó en la intervención de Santa Cruz, pero sí fue el disparador.

Cepernic, que había llegado al gobierno con más de la mitad de los votos del padrón, era de pronto un “marxista“, un “infiltrado” del peronismo y, por lo tanto, no sólo la oposición como la conocemos hoy en día, sino que gremios nucleados en la CGT o la 62 Organizaciones pedían su salida bajo la acusación de que el mandatario bancaba a los grupos armados, con especial énfasis en Montoneros. Es curioso cómo, entonces, los gremialistas, quienes por mandato si se quiere hasta moral, debieron haberse apropiado de las ideas de justicia sobre las tierras y la labor de campo, por conocedores de las huelgas y los miles de fusilados en fosas comunes, le dieron vuelta la cara a un gobernador que quiso poner en valor el territorio y a la fuerza del trabajo de su gente porque, más allá de condenar la violencia “guerrillera” tal como lo había ordenado el presidente, los sindicatos se manifestaron abiertamente en contra de la nacionalización de las tierras.

Cuenta el historiador Hernán Brienza que en febrero de 1974, José López Rega y otros ministros y secretarios del Gabinete evaluaban la situación en distintas provincias: Córdoba, Salta, Mendoza y Santa Cruz, donde se les había complicado la erradicación de la tendencia revolucionaria. “Al croata no me lo tocan“, habría dicho el Presidente. Y aunque Cepernic condenaba la violencia armada que estaba a la orden del día, dijo que el problema era su vicegobernador, el gobierno nacional no tardó mucho en ordenar la intervención federal. Lo hizo en octubre y solamente al Poder Ejecutivo por la “ineficiencia en gestión administrativa y la falta de flexibilidad política en el manejo de las relaciones con los demás poderes e instituciones legales provoca un entorpecimiento manifiesto en las tareas de gobierno”, producto, entre otras razones, por “las posiciones irreductibles que fomentaron estériles conflictos institucionales, con repercusión social y política”. Perón había muerto en julio, gobernaba Isabel.

Chau Cepernic. Tendrían que pasar treinta y cinco años para que otro gobierno peronista, el de Cristina Fernández de Kirchner, lograra la sanción de una ley que puso freno a la extranjerización de la tierra y aún así, en la tierra estrategica para la defensa de la sobenaria nacional, plagada de recursos naturales y de una historia de desembarcos ilegales como sus zapdazos, todavía se escapa la tortuga.

Cuando se cumpliera medio siglo del asunto de Cepernic y su proyecto para recuperar la soberanía, la causa iniciada por las 60 mil hectáreas que perdió Santa Cruz mediante un acuerdo espurio va a caer en prescripción. Desde el año 2019, esta periodista viene contando detalles de la causa que no tomó relevancia sino, hasta fines del mes pasado, cuando La Opinión Austral dio a conocer detalles escandalosos de la operación y de sus involucrados.

Hablamos de campos lindantes con la República de Chile que integran cincuenta kilómetros de ribera sobre el lago San Martín, binacional, bosques nativos, caudalosos ríos y un glaciar donde se ubican las estancias Melenik, Veranada de Jones y El Cóndor. Un lugar especial por haber sido escenario de disputa, en el conflicto que Argentina mantuvo con el país trasandino y derivó en un laudo internacional.

Hoy todo le pertenece a Ibáñez Bulnes, quien pudo avanzar burlando la Ley de Tierras, simulando una compra a través de testaferros que se hicieron de las acciones de Cielos Patagónicos SA. Previamente, esta sociedad anónima, integrada con personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había comprado las tres estancias que pertenecieron a Benetton.

La operación fraudulenta se hizo en el estudio jurídico de Jorge Pérez Alati, integrante del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), que lidera la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel.

Por otro lado, tal como informó esta periodista semanas atrás, tanto la familia del magnate chileno como la del testaferro Ezequiel Braun Pellegrini tuvo participación activa en las dictaduras de Augusto Pinochett y de Jorge Rafael Videla.

“Ninguna novedad en el caso“, respondió a esta periodista días atrás el abogado constitucionalista que representa a la querella, Eduardo Barcesat. Hace cincuenta años que no hay ninguna novedad.