De las rutas a las calles

Por Jorge Cicuttin

Por si el Gobierno tiene pocas complicaciones con la inflación y la falta de dólares, la semana que pasó dejó una particular imagen con manifestaciones en su contra que llegaron de lugares bien opuestos.

En las rutas del interior del país, convocados por una renovada Mesa de Enlace, productores agropecuarios y dirigentes de Juntos por el Cambio se manifestaron por los altos impuestos, la falta de insumos y gasoil, y reclamos varios que apuntaban a la salida del kirchnerismo del poder. Nada nuevo.

Pero al mismo tiempo, en la Plaza de Mayo y frente al Congreso Nacional, miles llegaron convocados por organizaciones sociales y movimientos piqueteros –de izquierda la mayoría, junto a otros cercanos al gobierno-, para reclamar por “trabajo genuino” y más apoyo social, además que quejarse porque entienden que existe una campaña política y judicial en su contra.

Dos veredas opuestas. Unos en las rutas del interior y otros en las calles porteñas que mostraron su disconformidad con la marcha del gobierno y exigieron cambios urgentes. Claro que son dos sectores cuyos reclamos parecen llegar de países bien distintos. Además de ser contrapuestos.

La ministra Silvina Batakis conformó su equipo y anunció medidas de urgencia para consolidar el acuerdo con el Fondo Monetario, apuntar a frenar el déficit fiscal y contener el gasto social, al mismo tiempo que finalmente se dio el primer paso en la segmentación de las tarifas energéticas.

Con estos anuncios, criticados por los referentes de los movimientos sociales y con gusto a poco para el establishment, no se pudo frenar el alza del dólar blue. La presión para lograr una fuerte devaluación no se frena. Los exportadores no liquidan y se sientan arriba de los silobolsas a la espera de un dólar recontra alto.

En la búsqueda de impedir las corridas y al mismo tiempo cumplir las metas fiscales se ha puesto un freno a los fondos asignados a la ayuda social. También llamado polémicamente “gasto social”, ocupa casi el 60 por ciento del Presupuesto y son millones de personas los que lo reciben. Y este último número va en aumento de la mano de la inflación.

Es por esto que en las últimas semanas se acrecentó la reacción de los movimientos sociales organizados, desde los de izquierda hasta los cercanos al oficialismo. El miércoles de esta semana tienen previsto marchar juntos. También se comenzó a sumar a los reclamos la CTA.

No son los únicos. Hasta la Confederación General de Trabajo anuncia una marcha para mediados de agosto, con una consigna algo ambigua. Si bien es un plazo largo y muchas cosas pueden pasar en el medio, la interpelación al Gobierno le está llegando desde lugares no esperados.

Para colmo, entre los dirigentes de los movimientos sociales ha nacido una sospecha que les preocupa mucho. Creen que las causas judiciales abiertas –como la abierta contra Eduardo Belliboni y Gabriel Solano por “extorsión y amenazas”-, los allanamientos y detenciones registrados en algunas provincias como Jujuy y Mendoza, así como las declaraciones que llegan desde la política acusándolos de quedarse con parte del dinero, forman parte de un plan de la oposición y de algunos sectores del oficialismo para desprestigiarlos y quitarles poder. Creen que de esta manera les restarán poder de respuesta a la hora de tener que enfrentarse a distintos planes de ajuste. Los que haga este gobierno y los que vienen prometiendo desde la oposición si llegan a la Casa Rosada en 2023.

El manejo de los planes sociales está ya en el debate político y mediático. Por eso, con la consigna de prevenir “manejos indebidos” desde el Ministerio de Desarrollo Social salió la idea de sumar a universidades nacionales a las auditorías de estos subsidios.

Las cúpulas de las organizaciones sociales públicamente salieron a apoyar el control y la transparencia en el reparto de los planes, pero aclaran que estas auditorías no deben sumarse a la “campaña de estigmatización” que están sufriendo tanto de parte de los medios de comunicación como de la oposición.

Juan Grabois, que lidera el Movimiento de Trabajadores Excluidos, es una de las voces más duras contra el gobierno desde el momento en que Batakis hizo sus anuncios de respeto a los acuerdos con el FMI. Grabois fue uno de los que convocó a un amplio abanico de dirigentes a las asambleas donde reclamaron por el salario básico universal.

Grabois hasta le puso plazo a su implementación. Tiene que llegar antes de fines de julio para poder cobrarse en agosto. Fue claro y contundente. Si esto no ocurre, las protestas serán mucho más fuertes. Esto último en las calles, en el plano político dijo que se separará del Frente de Todos si no hay cambios.

Desde las Mesa de Enlace hasta los movimientos piqueteros. En las rutas y en las calles. Los reclamos al Gobierno van en aumento y se esperan respuestas rápidas. Los reclamos no son iguales. Si la urgencia con que se exigen. Cómo atender los dos frentes es un problema que debe ser resuelto en las próximas semanas.