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El Gobierno del presidente Javier Milei inició un nuevo ciclo de despidos en el sector público nacional, que alcanzaría a 6.000 empleados. Ante esta situación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), bajo la conducción de Rodolfo Aguiar, respondió con manifestaciones en rechazo a estas medidas.
Durante el último fin de semana, se estima que se produjeron aproximadamente 3.000 cesantías en ministerios y organismos autárquicos, con planes de duplicar esta cifra en adelante.
En protesta, ATE llevó a cabo este jueves una jornada de lucha nacional que incluyó una radio abierta en el anteriormente Ministerio de las Mujeres y ollas populares en diversos puntos del país, además de una marcha en Plaza de Mayo. El gremio minoritario de estatales (UPCN es el mayoritario) afirma que desde el inicio del mandato hubo 25 mil cesantías.
“Si el Gobierno nos declaró la guerra, vamos a guerrear y nuestras armas van a ser los derechos que están en la Constitución Nacional. Para evitar el desguace y el completo desmantelamiento del Estado, tenemos que multiplicar las protestas. Hay que resistir, hay que defenderse, pero si no contraatacamos van a cometer una masacre social”, dijo Aguiar en su cuenta de X.
Añadió que “la pelea de los estatales tiene que ser en todo el país. El 56% del que tanto hablan a esta altura ya no existe. Toda la gente está peor y se da cuenta que es por culpa de las medidas económicas que se impulsaron desde el 10 de diciembre”. Para cerrar, advirtió: “Si no reincorporan a los despedidos y los salarios en el sector público siguen congelados, la conflictividad en el Estado va a aumentar”.
Esta última revisión de contratos dejó 300 desplazamientos en el INTI, en el marco de cierres de regionales del organismo en todo el país, y otros 88 en el Hospital Posadas.
La semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado que se iban a concretar nuevas bajas en los contratos del Estado previstas: “El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza”, dijo en su habitual conferencia de prensa matutina.
Y agregó: “No está el número definitivo. Hay un universo de 70 mil contratos que están en revisión permanente, de esos hay 23 mil que se dieron de baja y el resto seguían en revisión permanente”.
Asimismo, está causando malestar en los sindicatos estatales el retraso salarial del sector. En la última reunión convocada por el Gobierno el lunes pasado, no se les presentó una propuesta formal de actualización de los ingresos.
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