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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que busca incorporar figuras penales específicas para hechos de vandalismo rural. La votación en general terminó con 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, correspondiente al diputado Luis Basterra, de Unión por la Patria.
La iniciativa fue impulsada por el diputado del PRO Martín Ardohain y modificada durante las negociaciones parlamentarias, entre ellas las mantenidas con Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria y el Frente Renovador, para reunir apoyos de distintos bloques.
Los representantes de Santa Cruz votaron divididos. José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, y Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, acompañaron el proyecto, al igual que Moira Lanesan Sancho, de Unión por la Patria. En cambio, Ana María Ianni y Juan Carlos Molina, también de ese espacio, votaron en contra.
Tras la aprobación en Diputados, el texto deberá ser analizado por el Senado para completar el trámite legislativo.
Qué conductas contempla el proyecto de vandalismo rural
La propuesta incorpora dos figuras al Código Penal. Una apunta al ingreso a establecimientos rurales contra la voluntad de sus responsables; la otra, a la destrucción, inutilización o daño de bienes vinculados con la actividad productiva.
El artículo 150 bis propuesto establece penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese sin autorización a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo.
La voluntad de exclusión podrá presumirse cuando el lugar esté delimitado mediante cercos, vallas, muros, alambrados o señales. El texto contempla excepciones para situaciones de necesidad justificada, auxilio o cuando el límite del establecimiento no pueda distinguirse de la vía pública.
La pena podrá elevarse hasta dos años cuando el ingreso obstaculice la producción o genere un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas, la sanidad de los animales o los cultivos.
Daños a ganado, silobolsas, cultivos e infraestructura productiva
El segundo eje está incluido en el artículo 184 bis, que propone penas de dos a ocho años de prisión, además de una multa de entre tres y doce veces el valor del daño, para quienes destruyan, inutilicen o dañen directamente bienes vinculados con el ciclo productivo rural.
La figura comprende cereales sin cosechar, silobolsas, viñedos, ganado, leña, materias primas e infraestructura necesaria para la producción. También alcanza instalaciones tecnológicas destinadas a la generación de energía y a la extracción de agua.
El objetivo de la modificación es contemplar bienes y equipos cuya destrucción puede afectar el desarrollo de una explotación agropecuaria y que, según los impulsores, no están suficientemente considerados en las figuras penales actuales.
Cuándo las penas pueden llegar a 10 años
El proyecto prevé elevar las sanciones hasta un máximo de 10 años de prisión en determinados supuestos agravados. Entre ellos, contempla la actuación coordinada de tres o más personas, la pérdida total de la producción o la interrupción de su continuidad, transporte o comercialización.
También incluye los hechos cometidos mediante violencia o amenazas, salvo que la conducta constituya otro delito con una pena mayor.
El texto incorpora, además, un agravamiento de la pena mínima cuando el autor o quien haya determinado a otra persona a cometer el hecho sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria.
Estas disposiciones buscan diferenciar los daños según su alcance, sus consecuencias sobre la producción y las circunstancias en las que se cometan.
Los argumentos a favor de la iniciativa
Durante el debate, Ardohain sostuvo que el proyecto busca cubrir vacíos legales e incorporar bienes que no existían cuando se sancionó el Código Penal de 1921, como silobolsas, paneles solares, bombas sumergibles y equipos de riego.
El diputado también planteó que la figura vinculada con el ingreso a establecimientos rurales busca proteger la libertad y la intimidad, además de contemplar situaciones que pueden afectar el funcionamiento de una explotación.
Por su parte, Gutiérrez defendió la incorporación del delito de vandalismo rural al Código Penal y afirmó que la nueva regulación permitiría establecer criterios más precisos para las investigaciones fiscales, las medidas cautelares y las decisiones judiciales.
Otros legisladores respaldaron la iniciativa por su impacto sobre el trabajo y la producción en el interior del país. Darío Schneider señaló que los hechos de vandalismo pueden afectar tanto el patrimonio de los productores como las fuentes laborales. Francisco Morchio, en tanto, destacó las dificultades que enfrentan quienes viven y trabajan en establecimientos alejados de las comisarías y sostuvo que el proyecto transforma determinadas conductas contempladas como contravenciones en delitos penales, con sanciones que varían según el daño.
Las críticas de la oposición
El proyecto también recibió cuestionamientos de sectores opositores. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, sostuvo que la iniciativa favorece a los grandes propietarios de tierras y a las corporaciones, y la vinculó con una estrategia de recolonización de la región impulsada desde Estados Unidos.
Las objeciones se sumaron al rechazo de la izquierda y de parte de Unión por la Patria. La mayoría de los votos afirmativos correspondió a La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y otros bloques, entre ellos Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia y Producción y Trabajo.
Con la aprobación de la Cámara baja, la iniciativa pasó a la siguiente etapa del trámite legislativo. El Senado deberá debatir el texto para determinar si se convierte en ley.
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