Diputados aprobó la ley de propiedad privada y restituyó la Ley de Tierras: qué cambia y cómo fue el debate

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, promovido por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso en marzo. La iniciativa llegó al recinto con modificaciones respecto de su versión original, después de atravesar negociaciones en el Senado y en las comisiones de la Cámara baja.

El resultado en general fue de 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Estas últimas correspondieron a los diputados cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y Juan Schiaretti, además de Álvaro González, del PRO. Sus posiciones fueron determinantes para que el oficialismo alcanzara la mayoría.

El capítulo IV, referido a la Ley de Tierras, consiguió un respaldo más amplio: 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones. La diferencia entre ambas votaciones mostró que la restitución de esa norma reunió apoyos de sectores que rechazaron el resto del proyecto.

Como Diputados incorporó modificaciones al texto que había recibido media sanción del Senado, la iniciativa regresará a la Cámara alta. El Senado podrá aceptar los cambios o insistir con la versión que había aprobado anteriormente. Para revertir una modificación respaldada por dos tercios en Diputados, necesitará reunir esa misma mayoría.

La Ley de Tierras, el cambio que aceptó el oficialismo

El principal giro del proyecto fue la incorporación de dos artículos para dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y restablecer la plena vigencia de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La ley establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales: fija un máximo del 15% a nivel nacional, provincial y municipal. El DNU 70/2023 había dispuesto su derogación, una decisión que quedó en el centro de una disputa política y judicial.

El cambio se produjo en un contexto en el que la oposición buscaba avanzar contra el decreto de desregulación económica y cuestionaba la eliminación de la norma. También hubo distintas decisiones judiciales sobre la vigencia de la Ley de Tierras. Frente a ese escenario, el oficialismo acordó reincorporarla al proyecto de propiedad privada.

La modificación representó un cambio respecto de la postura inicial del Gobierno, que había impulsado la eliminación de las restricciones. El capítulo obtuvo el respaldo de Unión por la Patria y de otros sectores opositores, aunque hubo cuatro votos negativos.

Qué establece el proyecto sobre expropiaciones

La iniciativa modifica la Ley de Expropiaciones y restringe los criterios con los que el Estado puede declarar un bien de utilidad pública. La declaración deberá identificar de manera específica y concreta el objetivo perseguido y cumplir con condiciones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También establece criterios para calcular la indemnización. El valor del inmueble deberá determinarse tomando como referencia el momento inmediatamente anterior a cualquier acto, medida o anuncio público vinculado con la expropiación que pueda influir en su cotización.

El texto contempla el pago del lucro cesante —la ganancia que el propietario deja de percibir como consecuencia de la expropiación—, con un límite general del 30% del valor del daño emergente, salvo que el afectado demuestre fehacientemente una pérdida superior. El monto indemnizatorio se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más la tasa de interés nominal activa del Banco Nación desde la mora hasta el pago efectivo.

Durante el debate, este punto concentró críticas de sectores opositores, que advirtieron que el reconocimiento del lucro cesante podría encarecer las expropiaciones y dificultar futuras decisiones estatales sobre bienes considerados de interés público.

Desalojos más rápidos y cambios en los registros inmobiliarios

Otro eje del proyecto es la modificación de los procedimientos de desalojo. La iniciativa establece la vía del juicio sumarísimo para inmuebles urbanos y rurales y contempla la posibilidad de una restitución anticipada del bien, bajo condiciones judiciales.

En determinados casos, el juez deberá realizar un reconocimiento del inmueble dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con intervención de la Defensa Oficial, para identificar a quienes lo ocupan. Si hay menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, deberán intervenir los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique necesariamente detener el proceso.

El proyecto también modifica el régimen de regularización dominial y promueve la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Entre las medidas previstas figuran la digitalización de trámites, la presentación de documentos electrónicos, el uso de firma digital y herramientas para asegurar la integridad y trazabilidad de la información registral.

Los argumentos del oficialismo: propiedad y seguridad jurídica

Durante la defensa del proyecto, el diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio sostuvo que la reforma busca reforzar el derecho de propiedad y garantizar condiciones para la inversión. En su exposición, afirmó que debe existir una política de Estado que respete la propiedad privada y garantice que el fruto del trabajo no sea quitado “ni por un delincuente, ni por un burócrata de turno”.

El oficialismo también defendió la agilización de los desalojos como una forma de facilitar la recuperación de inmuebles por parte de sus propietarios. Sus representantes sostuvieron que la demora judicial para recuperar una vivienda puede desalentar la oferta de alquileres.

En la misma línea, la radical Pamela Verasay respaldó la iniciativa y planteó que las reformas construidas mediante acuerdos legislativos ofrecen mayor estabilidad que aquellas impulsadas por decreto: “Las reformas que se imponen por decreto tiemblan todo el tiempo. Las que se construyen en el Congreso, perduran”.

Giuliano y Ferraro cuestionaron el giro sobre las tierras

Desde Unión por la Patria, el diputado Diego Giuliano señaló la contradicción entre la postura original del Gobierno y la decisión de restablecer la ley que había derogado mediante el DNU. “Vuelven a la ley peronista que pone tope de 15% a la compra de tierras a extranjeros”, cuestionó.

Giuliano también discutió la interpretación del derecho de propiedad como una garantía absoluta y sostuvo que debe contemplarse el interés social. Además, objetó los procedimientos de desalojo incluidos en la iniciativa.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó que el Gobierno defendiera la seguridad jurídica mientras había intentado derogar normas vinculadas con la protección de tierras, el manejo del fuego y la integración sociourbana. “Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro [Federico] Sturzenegger”, afirmó.

Ferraro consideró que la controversia sobre la Ley de Tierras no estaba resuelta y anticipó que su bloque defendería la vigencia de esa legislación. Sus críticas apuntaron tanto al cambio de posición del oficialismo como al alcance general de la reforma.

Lousteau, Bregman y Penacca objetaron el alcance de la reforma

El diputado Martín Lousteau, de Provincias Unidas, cuestionó el giro del Gobierno respecto de la Ley de Tierras y calificó la decisión como un “reculado en chancletas”. También sostuvo que la inviolabilidad de la propiedad ya está garantizada por la Constitución y advirtió sobre los efectos de acortar los plazos de los desalojos y modificar las condiciones de las expropiaciones.

Lousteau vinculó además el debate con el programa de ciudadanía por inversión anunciado por el Gobierno, al señalar que un extranjero podría acceder a la ciudadanía argentina mediante un aporte de 350.000 dólares. Su argumento apuntó a la relación entre las restricciones sobre la compra de tierras rurales y las facilidades previstas para obtener la nacionalidad.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, rechazó la orientación general de la iniciativa y sostuvo que el costo de las expropiaciones podría aumentar. También atribuyó la restitución de la Ley de Tierras a la presión social y a las dificultades políticas que enfrentó el oficialismo para avanzar con su derogación.

Paula Penacca, de Unión por la Patria, cuestionó el enfoque de la reforma sobre los desalojos y defendió la necesidad de considerar el derecho a la vivienda. Durante el debate, sostuvo que el Gobierno buscaba proteger la especulación financiera y advirtió sobre las consecuencias de aplicar procedimientos más rápidos de restitución de inmuebles.

Las intervenciones dejaron expuestas dos posiciones sobre el alcance del derecho de propiedad: el oficialismo defendió el refuerzo de las garantías para los titulares de bienes y la reducción de obstáculos judiciales, mientras que los sectores críticos señalaron los posibles efectos sobre el acceso a la vivienda, la capacidad de expropiación del Estado y la protección de los recursos estratégicos.

Con la aprobación en Diputados, el proyecto continuará su trámite en el Senado. La Cámara alta deberá definir si acepta la restitución de la Ley de Tierras y el resto de los cambios incorporados durante el tratamiento en la Cámara baja.