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La Cámara de Diputados reanudará este martes el debate en comisión del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, en una jornada atravesada por el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó una resolución que había frenado la venta de tierras a empresarios extranjeros.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15:30. La reunión será la segunda jornada informativa sobre la iniciativa, luego de que el encuentro de la semana pasada finalizara abruptamente tras cruces entre el dirigente social Juan Grabois y diputados libertarios.
La reunión estará encabezada por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto a Juliana Santillán, presidenta de Relaciones Exteriores, y Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal.
Los especialistas convocados
Durante el encuentro expondrán especialistas propuestos por legisladores de las distintas bancadas. Entre los invitados se encuentran el exministro kirchnerista Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona y el intendente de Punta Indio, David Angueira.
También participarán Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM); Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, del CELS; y los abogados de la Universidad de Buenos Aires Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra.
La lista de expositores se completa con Mariana Altieri, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalística y docente universitario; Fernando Morales, perito naval VGM y presidente de la Liga Naval Argentina; y Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS).
Qué propone el proyecto
La iniciativa impulsada por el Gobierno establece un endurecimiento de las penas, de hasta 20 años de prisión, para quienes exploten o cooperen con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. También contempla la inhabilitación para operar en la Argentina.
El proyecto reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las prohibiciones, que dejarían de estar limitadas a los hidrocarburos para alcanzar cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
Además, propone crear un registro público de infractores y establece que el Estado y los particulares no podrán contratar con las personas o entidades incluidas en ese listado. También incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la nueva norma.
El Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
Ante una amenaza grave e inminente, el Consejo podrá disponer medidas urgentes como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El proyecto también contempla, como último recurso y luego de agotar otras instancias previstas en un protocolo de actuación, la posibilidad de disponer el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.
Financiamiento extranjero y seguridad interna
La iniciativa establece además la prohibición de aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.
También incorpora delitos vinculados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia y acciones financiadas desde el exterior destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
A su vez, se incluyen conductas relacionadas con la promoción o financiación de actos de violencia o sabotaje.
El proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional y autoriza su intervención en materia de seguridad interna ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
Finalmente, mediante la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.
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