Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de la Nación sesionará este miércoles desde las 12 del mediodía para debatir un paquete de iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Los principales puntos del temario serán la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “Ley Malvinas”, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La sesión especial fue solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores oficialistas. Se anticipa una jornada extensa, con un debate que podría prolongarse hasta las primeras horas del jueves.

El temario también contempla acuerdos para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia penal juvenil y delitos contra la integridad sexual; el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); y una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur.

Además, se tratará una modificación del régimen de pequeñas y medianas empresas para permitir que las cooperativas puedan acceder al certificado MiPyMEs.

Ley Malvinas: sanciones a empresas y cuestionamientos al capítulo 7

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional es el tema que concentra mayor discusión política. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en septiembre y dictaminada el 28 de octubre, propone un régimen de sanciones para empresas y personas involucradas en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en el Atlántico Sur.

El oficialismo considera que cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto en general. Sin embargo, el escenario es más complejo cuando se analice artículo por artículo, especialmente por las objeciones que plantearon sectores dialoguistas al capítulo 7.

En una reunión realizada la semana pasada en el Salón de Honor de la Cámara baja, La Libertad Avanza intentó acercar posiciones con sus aliados. El PRO y la UCR anticiparon su respaldo al texto, con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron cambios más profundos.

El punto de mayor conflicto es el capítulo referido al fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones. Como introduce cambios en la legislación electoral, requiere una mayoría absoluta de 129 votos para su aprobación.

Entre sus disposiciones contempla sanciones para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. También incorpora penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes organicen o financien campañas de injerencia extranjera, con excepciones para actividades diplomáticas, periodísticas, académicas y de representación de intereses realizadas conforme a la normativa.

Ante la falta de consenso, no se descarta que el Gobierno acepte retirar ese capítulo durante el debate para asegurar la aprobación del resto de la iniciativa.

Qué establece el proyecto sobre la soberanía de Malvinas

El núcleo de la propuesta establece un régimen sancionatorio penal y económico contra quienes participen en la exploración o explotación no autorizada de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas.

El texto contempla penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores de empresas que desarrollen esas actividades sin habilitación argentina. Quedan exceptuados los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión cuya intervención en las operaciones sea indirecta.

Sin embargo, la iniciativa excede las sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales e introduce modificaciones en distintas normas de defensa, inteligencia y seguridad nacional.

Uno de los cambios centrales es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

A pedido de bloques aliados, se incorporaron como miembros no permanentes el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores.

El organismo tendrá entre sus funciones coordinar políticas de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, además de intervenir ante situaciones consideradas amenazas externas graves.

Entre las facultades previstas figuran la posibilidad de restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones y contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y elevar transitoriamente derechos aduaneros.

También se mantienen disposiciones para habilitar protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de buques, además de permitir que las Fuerzas Armadas participen en operaciones no convencionales.

Estos puntos generan cuestionamientos de sectores opositores, que advierten sobre una posible superposición entre las funciones de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, así como una ampliación de las atribuciones del Poder Ejecutivo.

Otro aspecto controvertido es la incorporación del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET), que habilitaría la inscripción de organizaciones cuando existan motivos razonables para sospechar su vinculación con actividades terroristas.

Desde el peronismo y la izquierda sostienen que las definiciones de amenaza externa y terrorismo son demasiado amplias y podrían habilitar decisiones discrecionales que afecten libertades civiles y políticas.

Como mecanismo de control, el proyecto incorpora una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá informar al Congreso sobre las medidas adoptadas por el Consejo en un plazo máximo de 48 horas.

Reforma del Banco Central: el Gobierno busca blindar la emisión cero

El segundo gran debate será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que Diputados deberá tratar nuevamente después de que el Senado introdujera modificaciones al proyecto original.

La iniciativa busca establecer como misión central de la autoridad monetaria la preservación del valor de la moneda nacional y eliminar el esquema de objetivos múltiples incorporado en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El Gobierno de Javier Milei pretende consolidar el principio de emisión cero y prohibir que el BCRA financie al Tesoro Nacional. Para ello, el proyecto elimina los adelantos transitorios, los préstamos a las provincias y la posibilidad de adquirir títulos públicos en el mercado primario.

También propone modificar el tratamiento de las utilidades, eliminar las reservas de libre disponibilidad y establecer un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

En los fundamentos se sostiene que la inflación tiene un origen monetario y que la función del Banco Central debe concentrarse en preservar el poder adquisitivo de la moneda, sin asumir otras responsabilidades vinculadas con la orientación del crédito o el financiamiento de actividades económicas.

Uno de los principales cambios introducidos durante el tratamiento en el Senado está relacionado con la designación y remoción de los integrantes del directorio.

La versión original aprobada por Diputados establecía que la remoción de los directores debía contar con el respaldo de dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, el Senado modificó ese mecanismo y determinó que la decisión requerirá mayoría absoluta de esa cámara, es decir, la mitad más uno de sus integrantes.

De esta manera, Diputados aceptaría el texto modificado y el Senado conservaría la potestad exclusiva para otorgar o retirar los acuerdos correspondientes a los integrantes del directorio.

La reforma apunta a establecer mayores restricciones institucionales para impedir que futuras administraciones modifiquen la política monetaria y recurran nuevamente al financiamiento del Estado mediante emisión de dinero.

El temario en Diputados

  • Orden del Día 514: Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
  • Orden del Día 513: modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y otras normas vinculadas. El texto precisa que Diputados debe aceptar las modificaciones introducidas por el Senado.
  • Orden del Día 510: aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, firmado en Río de Janeiro el 16 de septiembre de 2025.
  • Orden del Día 509: aprobación de la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, suscripta el 7 de diciembre de 2023.
  • Orden del Día 512: cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de CABA.
  • Orden del Día 511: transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores a la Justicia porteña.
  • Orden del Día 443: modificación del artículo 2° de la Ley 24.467, de pequeñas y medianas empresas.

 

 

 

Leé más notas de La Opinión Austral