Educación Técnica: AMET alertó que el anteproyecto de “Ley de Libertad Educativa” desmantela la modalidad

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), en representación de los docentes de la Educación Técnico Profesional (ETP) de Santa Cruz, expresó su “profunda preocupación” ante el anteproyecto de Ley de Libertad Educativa, al que considera una “amenaza directa para la continuidad, la identidad y la función social” de la modalidad en el territorio santacruceño.

AMET sostiene que el borrador “desarticula los fundamentos construidos por la Ley 26.058”, la norma que durante casi dos décadas permitió consolidar un sistema técnico federal y planificado en la provincia. Según el gremio, el anteproyecto propone que la ETP se rija por la Ley 26.058, pero “subordinada a los principios de la nueva norma”, lo que genera un “vaciamiento de la arquitectura de la modalidad”.

Riesgo de pérdida de financiamiento 

AMET advierte que la maniobra normativa busca “desactivar los órganos federales” que garantizan la calidad de la formación técnica. La desaparición de instituciones como el Catálogo Nacional de Títulos, el Registro Federal de Instituciones, la Comisión Federal de ETP y el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP) implicaría para Santa Cruz la “pérdida de lineamientos comunes, la ruptura de estándares nacionales” y la desaparición de espacios de articulación con sectores productivos claves como la minería, el petróleo, la pesca y la industria metalmecánica.

El impacto directo en Santa Cruz se centraría en la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP). El gremio enfatiza que la provincia depende de este financiamiento nacional para sostener la actualización de equipamiento tecnológico de talleres, la adquisición de máquinas, herramientas y consumibles para prácticas, así como la adecuación edilicia en localidades con recursos limitados como Gregores, Piedra Buena, Perito Moreno, Puerto Santa Cruz y 28 de Noviembre. Sin el FONETP, más del 70% de las inversiones en talleres que Santa Cruz recibió en los últimos 15 años “dejarían de existir”, lo que llevaría al sistema técnico santacruceño a una “etapa de paralización formativa”.

Vulnerabilidad 

AMET subraya que Santa Cruz, como provincia de baja densidad poblacional, amplia dispersión geográfica y fuerte dependencia de recursos nacionales, es especialmente vulnerable a la pérdida de este financiamiento. Esto se traduciría en una mayor desigualdad entre instituciones de zonas céntricas (Río Gallegos, Caleta Olivia) y localidades pequeñas, la reducción de trayectorias formativas vinculadas a sectores productivos regionales (minería, energía, pesca, ganadería) y la imposibilidad de sostener actualizaciones tecnológicas indispensables para la inserción laboral.

Además, el anteproyecto propone un esquema de igual financiamiento por alumno para instituciones públicas y privadas, una medida que, según AMET, “desplaza recursos estatales hacia el sector privado y afecta directamente a las escuelas técnicas públicas”. Otro riesgo alarmante es la desregulación de la validez nacional de títulos, permitiendo que actores privados certifiquen sin control federal. Para los egresados santacruceños, esto significaría una “desventaja competitiva”, la “fragmentación del reconocimiento profesional” y la “afectación directa a los estudiantes de regiones alejadas y rurales”.

Finalmente, el gremio alertó sobre el impacto en el trabajo docente técnico. La desregulación plantea la habilitación de contrataciones basadas en el ideario institucional, la eliminación de mecanismos de estabilidad y la precarización laboral, afectando la cultura profesional del docente técnico que cumple un rol comunitario y productivo clave.

AMET concluye que el anteproyecto de ley constituye un “retroceso histórico que vulnera derechos y profundiza desigualdades”, y convoca a la comunidad educativa, sectores productivos y familias a “defender la institucionalidad técnica” y rechazar las disposiciones regresivas, reafirmando que la “Educación Técnico Profesional es un pilar del desarrollo de Santa Cruz” y su defensa es una “responsabilidad histórica, sindical y política”.