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El Gobierno del presidente Javier Milei decidió este jueves prohibir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida preventiva adoptada tras una denuncia por presunto “espionaje ilegal” presentada por la Casa Militar.
Según se informó en un breve comunicado oficial, “se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, en el marco de una decisión vinculada a la investigación en curso por supuestas vulneraciones a los protocolos de seguridad presidencial.
La medida se da en el mismo día en el que Milei tiene prevista una reunión con el magnate Peter Thiel, fundador de Palantir y defensor de la idea de que “la libertad y la democracia no son compatibles”. Thiel ya mantuvo encuentros con autoridades de inteligencia y se especula con la posible prestación de servicios de rastreo y análisis de datos por parte de su empresa.
A través de su Instagram, el Presidente celebró la prohibición de ingreso a los periodistas: compartió una imagen de otro usuario que califica a la decisión como una “excelente medida” y lo muestra en la reja de la Casa Rosada denegando la entrada a un trabajador de prensa.
Denuncia por presunto “espionaje ilegal”
Los acreditados que esta mañana llegaron hasta Balcarse 50 se encontraron con personal de Casa Militar y de la Policía Federal que, portando una lista con el nombre de al menos 60 trabajadores de prensa, les impidieron el ingreso lisa y llanamente.
La medida se produce luego de que la Casa Militar presentara una denuncia penal contra periodistas y directivos del canal Todo Noticias (TN). La presentación judicial sostiene que se habrían realizado maniobras ilegales dentro de la sede de gobierno, incluyendo la grabación de pasillos de la Casa Rosada, lo que habría puesto en riesgo la seguridad nacional.
En el escrito, el organismo afirmó que “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial”, en referencia a una emisión del domingo 19 de abril.
La denuncia firmada por el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, apunta contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, conductores del programa “¿Y mañana qué?”, además de productores y autoridades del canal.
Según la presentación judicial, los hechos investigados se vinculan a una posible intromisión ilegítima en la sede del Poder Ejecutivo y a la violación de protocolos de seguridad presidencial.
Posibles delitos y medidas judiciales
El documento también solicita medidas de prueba y la preservación de evidencia digital, al considerar que los hechos podrían constituir una “amenaza para la seguridad de la Nación”.
Asimismo, se mencionan posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o divulgación de secretos políticos o militares. La denuncia señala que la investigación deberá determinar si los implicados incurrieron en estos delitos u otros adicionales.
La decisión del Gobierno abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y sectores del periodismo, mientras avanza la investigación judicial sobre los hechos denunciados dentro de la sede del Poder Ejecutivo.
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