Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa clave para el Gobierno Nacional, que busca incentivar el ingreso al circuito financiero de los dólares que los contribuyentes mantienen fuera del sistema formal.
La propuesta recibió 44 votos a favor y 23 en contra, con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.
La sanción representa un logro para el oficialismo, que apunta a recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió acordar con sus aliados la incorporación del debate sobre el proyecto de biocombustibles.
Uno de los principales cambios consiste en eliminar las restricciones para acceder al régimen simplificado de Ganancias. La normativa anterior establecía un límite patrimonial de $10.000 millones para ingresar a ese esquema.
Entre las restricciones incorporadas, legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación quedan excluidos de los beneficios del sistema simplificado. La prohibición también alcanza a funcionarios públicos y a quienes hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores.
El texto redefine además el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.
Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que por falta de confianza “los ciudadanos sacaron del circuito” sus ahorros en dólares y afirmó que Argentina y Rusia son los países con “más dólares fuera del circuito financiero porque el Estado fue un enemigo del ahorro”.
Para Bullrich, “el enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros”.
También destacó que “hemos incorporado los resguardos para los funcionarios públicos; van a poder utilizar el mecanismo de la simplificación, pero no los beneficios, pero un funcionario no puede mentir en su primera declaración de bienes, y no podrán utilizar este mecanismo”.
Desde el peronismo, el senador José Mayans calificó la reforma de Inocencia Fiscal como “un desastre“, al igual que la ley aprobada en diciembre, y sostuvo que “es un precio a los evasores y los narcotraficantes”.
Afirmó que “esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción”.
El debate fue abierto por el libertario Bruno Olivera Lucero, quien señaló que el objetivo es generar confianza entre los contribuyentes. “Vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, cuestionó.
Seguidamente, subrayó: “Durante muchos años, ser contribuyente era una condena. Los trataban a todos como evasores. Así trató el fisco a los contribuyentes durante el kirchnerismo”.
Por su parte, el senador peronista Fernando Salino pidió ampliar la restricción del régimen simplificado a las “personas políticamente expuestas”, una formulación que “es más amplia que funcionarios públicos, como dice ahora el proyecto”.
La sesión
La sesión comenzó a las 11:23 con quórum estricto de 37 senadores, aportado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.
Al inicio, el peronismo recurrió a las cuestiones de privilegio para referirse al presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, por el destino del oro de las reservas. Desde el oficialismo defendieron al titular de la entidad monetaria.
Las acusaciones contra Bausilli fueron formuladas por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria, y rechazadas por el libertario Agustín Monteverde.
El radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, para solicitar la convocatoria a un Congreso Pedagógico Nacional.
A su vez, pidió abordar la situación del sistema educativo, luego de los resultados obtenidos por los alumnos argentinos en las evaluaciones PISA.
“Por eso vengo a solicitarle formalmente al Secretario de Educación, Carlos Torrendel, que en su carácter de autoridad del Consejo Federal de Educación, ponga en tratamiento la iniciativa que vengo impulsando desde hace tiempo: la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional”, expresó Abad.
Tras la ronda de cuestiones de privilegio, el Senado comenzó el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto, además de la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia