El Senado de la Nación inició este jueves una sesión en la que debatirá uno de los proyectos centrales de la agenda legislativa del Gobierno nacional: la reforma vinculada a la propiedad privada, que incluye modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, cambios en el régimen de expropiaciones y una actualización de la Ley de Manejo del Fuego.

La sesión fue acordada durante la reunión de Labor Parlamentaria y comenzó a las 11 de la mañana. Entre los temas incluidos figuran además el proyecto para autorizar el pago a acreedores externos conocidos como holdouts, la aprobación de decenas de pliegos judiciales y otras iniciativas parlamentarias.

En esta oportunidad quedó fuera del temario el pliego de Verónica Michelli, cuya situación será analizada en una futura sesión.

Qué cambios propone el proyecto sobre tierras rurales

Uno de los puntos más relevantes del texto es la modificación de la Ley 26.737, que regula la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

La iniciativa elimina los límites nacionales vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Según el proyecto, las provincias conservarán la jurisdicción plena sobre su territorio y tendrán intervención en la autorización de operaciones de compraventa cuando correspondan.

No obstante, el texto establece restricciones para la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o de entidades en las que un Estado extranjero tenga participación decisiva en el capital o en la toma de decisiones.

La propuesta también alcanza a fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con recursos provenientes de gobiernos extranjeros.

Reforma a la Ley de Manejo del Fuego

Otro de los capítulos incluidos en el proyecto modifica aspectos de la Ley de Manejo del Fuego.

La iniciativa elimina la prohibición que impedía modificar durante 30 años el uso de superficies incendiadas ubicadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso específico de los bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el uso y destino de las áreas afectadas por incendios, aunque se elimina el plazo de 60 años que contemplaba la legislación vigente.

De aprobarse el proyecto, las restricciones pasarán a estar vinculadas a las normas de protección ambiental aplicables a cada caso, sin establecer un período temporal determinado.

Modificaciones al régimen de expropiaciones

La iniciativa también introduce cambios en la Ley Nacional de Expropiaciones.

Entre las principales modificaciones se establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y que el Estado tendrá que fundamentar expresamente los motivos que justifiquen una expropiación.

Además, se incorporan criterios para determinar el valor de los bienes expropiados, tomando como referencia su cotización previa a cualquier medida estatal que pudiera influir en el precio.

El proyecto contempla también el reconocimiento del lucro cesante cuando pueda acreditarse como consecuencia directa e inmediata de la expropiación, aunque fija un límite máximo del 30% para ese concepto.

Asimismo, prevé mecanismos de actualización monetaria y la aplicación de intereses calculados en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de referencia vinculada al Banco Nación.

Cómo serían los desalojos en casos de ocupación ilegal

El texto debatido por el Senado incorpora modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación para agilizar los procedimientos de desalojo.

Según el proyecto, los denominados desalojos exprés se aplicarán exclusivamente en casos de ocupación o usurpación de inmuebles.

Para los contratos de alquiler se mantiene la obligación de intimar previamente al inquilino en caso de incumplimiento. La notificación podrá realizarse mediante domicilio físico o electrónico informado en el contrato.

Una vez vencidos los plazos previstos sin regularización de la situación, el propietario podrá iniciar la acción judicial correspondiente, que deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación.

El Senado también trata el acuerdo con los holdouts

Otro de los temas incluidos en el temario es el proyecto que autoriza al Gobierno nacional a concretar acuerdos de conciliación con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP.

La propuesta busca habilitar pagos por aproximadamente 171 millones de dólares para cerrar litigios judiciales vinculados a deuda pública en default.

Según los términos del acuerdo, Bainbridge recibiría 67 millones de dólares y Attestor Value Master Fund LP otros 104 millones.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para resolver los procesos judiciales pendientes en tribunales de Estados Unidos relacionados con títulos emitidos antes del default de 2001.

Los pliegos judiciales y el caso Michelli

Durante la sesión también se prevé el tratamiento de 50 pliegos judiciales correspondientes a jueces, fiscales y defensores oficiales.

Sin embargo, el pliego de Verónica Michelli no será tratado en esta jornada. Su situación quedó pendiente luego de que el Poder Ejecutivo impulsara su retiro y se generaran diferencias dentro de distintos bloques parlamentarios sobre el procedimiento a seguir.

La Cámara alta acordó posponer ese debate para una próxima sesión junto con otros pliegos que todavía se encuentran en análisis.

Una sesión con impacto en propiedad, tierras y regulación económica

El proyecto de propiedad privada concentra cambios en áreas sensibles de la legislación argentina, incluyendo la compra de tierras rurales por extranjeros, el régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo y la normativa sobre manejo del fuego.

Junto con el acuerdo para cancelar litigios de deuda externa y el tratamiento de pliegos judiciales, la sesión del Senado se presenta como una de las más relevantes de las últimas semanas en materia legislativa, con iniciativas que podrían modificar normas vigentes sobre propiedad, tierras rurales, incendios forestales y administración de activos del Estado.