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En el marco de la guerra en Medio Oriente, el Gobierno de Javier Milei decidió declarar persona no grata al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani, y exigir su salida del país en un plazo de 48 horas.
En ese contexto, el canciller israelí Gideon Sa’ar celebró “la decisión de la Cancillería argentina de declarar persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán en Argentina, y de expulsarlo del país”.
La medida se difundió mediante un comunicado que publicó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y luego se replicó en redes sociales por el presidente Javier Milei.
La resolución surge como respuesta directa al pronunciamiento iraní que apuntó contra la administración argentina por su supuesta “responsabilidad internacional” en la escalada del conflicto, tras la decisión de Argentina de declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.
El régimen iraní condenó “enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la medida como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.
Además, el texto sostuvo que la decisión “genera responsabilidad internacional para el Estado argentino” y atribuyó esa determinación a la influencia de “Estados Unidos y el régimen sionista ocupante”, en alusión a Israel.
En el documento oficial, la Cancillería argentina señaló que la expulsión del funcionario se adoptó “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, normativa que habilita a un Estado a disponer la salida de un representante extranjero.
El comunicado remarca que la decisión respecto de Soltani Tehrani responde a la “persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en la investigación del atentado contra la AMIA”, así como al “nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”.
La declaración oficial también cuestiona el incumplimiento reiterado de órdenes internacionales de detención y extradición de los acusados imputados por la Justicia argentina.
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